El Gobierno autonómico está pendiente de la recepción de más datos provenientes de los contactos que ha mantenido en los últimos meses con altos cargos de la Administración General del Estado para convocar a los partidos políticos de la oposición y darles cuenta de las gestiones efectuadas, así como de las decisiones que se han tomado a este respecto.
La consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Susana Román, se comprometió en el pleno del pasado mes de septiembre a convocar para mediados de octubre una reunión, en la que tendrían participación los partidos de la oposición para explicarles todas las conversaciones que se habían mantenido con la Administración General del Estado. Ello vino como consecuencia de la petición que había hecho Caballas para que se constituyera un grupo de trabajo, formado por todos los partidos políticos con representación en la Asamblea, que tuviera como principal objetivo el adoptar propuestas que llevaran consigo una rebaja en el precio del transporte marítimo.
El mismo presidente Vivas, en declaraciones a este medio de comunicación, confirmó hace varias semanas que en su agenda de trabajo figuraba una reunión con la secretaria general de Transportes, de la que depende la Dirección General de la Marina Mercante y con altos cargos del Consejo Nacional de la Competencia, buscando pareceres que llevaran adelante la estrategia que se ha marcado su Gobierno para la presente legislatura y que forma parte de una de sus prioridades.
Incluso formuló que, a lo mejor, en este período de reflexión que se había abierto se podía llegar a la conclusión de que la actual fórmula del contrato de la línea de interés público, donde la Ciudad Autónoma ha participado de llenos en las dos últimas ediciones, había quedado obsoleto.
En estos momentos son varios los departamentos autonómicos que están trabajando en la redacción de un documento que puede servir como base para la toma de estas decisiones que, de todas maneras, aparece marcado en rojo en el calendario la fecha del 31 de diciembre de 2016, que es cuando finaliza el contrato de la línea de interés público que está gestionando la misma Balearia.
