La coalición Caballas elevará una propuesta al Pleno en su próxima Sesión ordinaria, la correspondiente al mes de septiembre, para instar a la Administración autonómica a “iniciar un proceso de negociación, con las centrales sindicales representativas, de un Convenio Colectivo Único cuyo ámbito funcional sean las empresas públicas de la Ciudad que deberá estar firmado antes del 31 de diciembre”.
Cuatro son los “objetivos básicos” que, a juicio de los localistas, deben presidir se proceso: el primero, “homogeneizar las condiciones laborales y sociales de todos los trabajadores en un plano de igualdad”; otro, promover la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para cada sociedad “que permita conocer con claridad las especificidades de cada puesto de trabajo”; un tercero, el establecimiento de un sistema de movilidad funcional entre todas las empresas “que permita optimizar el rendimiento de las plantillas”; y, finalmente, la puesta en marcha de un sistema de contratación de personal único “para todas las empresas, tanto para personal fijo como temporal”.
Dicho procedimiento debería estar, gestionado, según la formación que lidera Mohamed Ali, “por un órgano específico creado al efecto y que garantice la efectiva igualdad de todos los ciudadanos en el derecho al acceso al empleo público”.
Caballas considera que la denominada en su día ‘reforma del sector público empresarial de la Ciudad’ sigue siendo “una asignatura pendiente” a pesar de que “todas” las razones que justificaban esta iniciativa “no sólo se mantienen vigentes en la actualidad sino que se han visto reforzadas”.
“Las empresas municipales funcionan bajo la premisa del desorden, el desconcierto y la confusión, con lo que el grado de ineficiencia es cada vez más preocupante”, alerta la coalición en el argumentario de su propuesta, que recuerda que en enero de 2014 Caballas ya elevó al Pleno una propuesta concreta para acometer un proceso de reforma que debería pivotar sobre la adecuación de los “objetos sociales” y, en especial, mediante la negociación y aplicación de un Convenio Único que unificase las condiciones laborales de todas las plantilla y que permitiese la selección de todo el personal mediante un órgano único “y bajo estricto sometimiento a los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad”.
“El Gobierno, como es habitual, no ha hecho absolutamente nada al respecto, abonando con su desidia una situación de deterioro progresivo inaceptable”, lamenta.
Preguntan por el “diálogo” de la UE sobre el ‘rechazo’ en Ceuta y Melilla
El eurodiputado español Ernest Urtasun de Primavera Europea, la candidatura a los comicios comunitarios de la que también formó parte Caballas, ha presentado una pregunta por escrito a la Comisión Europea para que dé cuenta de “cómo avanza el diálogo” que las instituciones se comprometieron a abrir con el Gobierno español “sobre la situación de Ceuta y Melilla” tras la introducción de la figura del ‘rechazo en frontera’, lo que las oenegés y otras entidades repudian como ‘devoluciones en caliente’, en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
A principios de año la Comisión Europea mostró su “preocupación” acerca de “la compatibilidad de su versión inicial con las obligaciones de España en virtud del Derecho de la UE en materia de retorno de inmigrantes en situación irregular” La Comisión informó igualmente de que había iniciado “un diálogo con España para abordar la situación de Ceuta y Melilla en lo que se refiere a las personas detenidas en relación con el cruce ilegal de fronteras” y también aseguró que “una vez adoptada evaluaría la compatibilidad de la ley con el Derecho de la Unión Europea”.
“Compatibilidad”
Urtasun no solo quiere saber “cómo avanza el diálogo con el Gobierno español sobre la situación de Ceuta y Melilla en lo que se refiere a las personas detenidas en relación con el cruce ilegal de fronteras” después de que en marzo se publicase la Ley de Seguridad Ciudadana en el BOE y de que en abril entrase en vigor la disposición final primera, que regula las devoluciones de inmigrantes en las ciudades autónomas.
También pide que la Comisión aclare si ha evaluado “la compatibilidad de la Ley de Seguridad Ciudadana (en concreto, la disposición primera ya en vigor) con el Derecho de la UE” y si “piensa tomar medidas ante la ‘legalización’ de las ‘devoluciones exprés”.
