La coalición Caballas quiere que la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad que desde el inicio de la legislatura tiene a Emilio Carreira al frente “se preocupe y acredite” que la concesionaria de la gestión de la Planta de Transferencia de Residuos del Monte Hacho desde 2010, la empresa Urbaser, “cumple con todas las obligaciones que le imponen los Pliegos y que asumió en concepto de mejoras antes de proceder a amplia la adjudicación, como ya parece haber decidido hacer el Gobierno del PP”.
En agosto de 2010, la Administración autonómica adjudicó a Urbaser por 5,6 millones de euros al año la gestión del Servicio Público de explotación de la Planta de Transferencia de Residuos. El contrato vence el año próximo, aunque se contempla su prolongación inicial durante dos prórrogas de dos años cada una.
El 20% de la valoración de la adjudicación se basó en “mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas sin coste para la Administración” que al menos parcialmente Urbaser ha obviado implementar, según la información recabada por Caballas. “Es un hecho que no se han ejecutado, al menos durante dos años, las 6 unidades de viaje escolar a la Planta de Tratamiento de Los Barrios, y en los informes técnicos de evaluación de la prestación tampoco queda claro que se hayan incorporado los contenedores especiales para chatarra con recogida de líquidos, por ejemplo”, han reseñado fuentes de Caballas.
Urbaser también se comprometió a implantar un sistema de video-vigilancia en las instalaciones del Monte Hacho, a construir y suministrar un Aula Medioambiental, a “acondicionar” las explanadas de la Planta de Transferencia y a suministrar medio centenar de contenedores amarillos para la recogida selectiva de envases, entre otras obligaciones en concepto de mejoras al contrato.
Ello se sumaba a sus obligaciones “esenciales”, esto es, “la adscripción de medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato (“suficiencia” que debe ser determinada por la Consejería de Medio Ambiente) y “el cumplimiento de la normativa medioambiental en la ejecución de este contrato”.
Los Pliegos establecen que el servicio revertirá a la Administración “cuando finalice el plazo de duración del contrato”, debiendo el contratista, en su caso, entregar las instalaciones “en el estado de conservación y funcionamiento adecuados”.
A estos efectos, durante el período de tres meses anterior a la finalización del plazo de duración del contrato, al que le queda menos de un año de vigencia, la Administración tendrá que efectuar las comprobaciones y adoptar las disposiciones pertinentes “para que la entrega de los bienes, en su caso, se verifique en las condiciones convenidas”.
A título de “estimación”, la Administración local calculó hace un lustro que durante el primer sexenio de contrato la adjudicataria trataría aproximadamente 44.000 toneladas de residuos sólidos (basuras domésticas, desechos de limpieza viaria y jardinería, residuos de limpieza de mercados y “asimilables a urbanos) al año”.
La concesión deja claro que el transporte marítimo debe realizarse “en barcos que no realicen pasajes de viajeros, esto es, en barcos específicos de transporte de mercancías” y que “para conocer con exactitud la trazabilidad de los residuos “Urbaser debe aportad cada mes junto con sus facturas el certificado mensual de aceptación de los residuos procedentes de Ceuta que han tenido entrada en las instalaciones de la Península con indicación de kilos por día y total de cada mes.
