Ante la “voluntad política expresada”, exige una negociación previa que “preserve el empleo y las condiciones laborales”.
Emilio Postigo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Ceuta, saludó ayer que, tras la constitución de los nuevos gobiernos municipales y autonómicos, “se esté abriendo el debate” sobre la vuelta a la gestión pública de servicios que “nunca” debieron ser privatizados o externalizados, “postura que esta organización sindical lleva defendiendo desde hace muchos años”.
Por tanto, Postigo, en nombre de este sindicato, apoyó la “voluntad política expresada en varios ámbitos” sobre el estudio del “rescate” para la gestión por las administraciones de los servicios públicos “ahora privatizados o externalizados (voluntad que compartimos y que impulsaremos)”, pero exige que dichos procesos sean “negociados con carácter previo para preservar el empleo y las condiciones laborales”.
Ya hace dos meses, la Secretaría de Acción Sindical dejó claro que “CCOO defiende el retorno a la gestión pública de los servicios públicos externalizados y la necesidad de preservar y mantener la estabilidad en el empleo y los derechos laborales”. Las “dudas” que, señaló Postigo, “algunas declaraciones puedan haber sugerido no tiene que ver con el fondo (el rescate de servicios públicos para su gestión directa por las administraciones responsables de los mismos) sino con el qué servicios se rescatan, cómo y cuándo”.
La central recuperó de un comunicado anterior que los procesos de “rescate” de servicios públicos para su prestación a cargo de las administraciones, presentan “cierta complejidad” jurídica en muchos aspectos, “y también en lo que afecta al empleo y las condiciones de trabajo, que son nuestro objetivo principal”.
Los objetivos de CCOO son una “mejora en la calidad, la intensidad, la equidad y la eficiencia” de la prestación de dichos servicios públicos, con “plenas” garantías para el empleo actualmente existente en los mismos, a su “estabilidad y calidad (que, en muchos casos, debe mejorar)” y con “pleno respeto” a los requisitos constitucionales de acceso al empleo público y a la seguridad jurídica.
Los comisionistas consideraron “posible” conjugar todos esos aspectos, pero ello no depende “solo de la voluntad o del anuncio de la voluntad política (con ser ello importante): exige un análisis riguroso de cada caso y una negociación que haga posible conjugar todos esos aspectos”.
