Es obligación del ciudadano luchar por mantener el medio ambiente, por su cuidado, por su atención, castigando duramente cualquier atropello, cualquier actuación que degenere en desastres que atentan contra el espacio común que todos disfrutamos.
Que lo disfrutamos ahora, pero que constituye además el legado que trasladaremos a nuestros hijos. El mar está sufriendo una contaminación marina brutal. Vertidos como el que ocasionó hace algunos meses Cepsa han contribuido a ello. Las playas siguen recibiendo restos de fuel, el mar lo padece pero también las aves que ya han aparecido con chapapote. Ante hechos de este tipo las administraciones deben ser ágiles en sus respuestas, demostrando la adopción de decisiones sin contemplar fisura alguna. Y eso, desgraciadamente, es lo que no está pasando con este vertido, puesto que la administración, casi ocho meses después, todavía no ha dado siquiera respuesta a las preguntas cursadas por los cauces oficiales por entidades ecologistas como Septem Nostra. Tampoco ha dado traslado a los informes pedidos por la oposición ni se ha valorado la adopción de medidas legales después de que éstas fueran solicitadas en pleno. Este comportamiento ha dado pie a que Septem Nostra haya pedido amparo al Defensor del Pueblo por la “opacidad” con la que se topa. En situaciones así la postura que debe adoptar el Ejecutivo no es otra que la de mostrarse contundente y firme, a la vez que interesado, por cerrar todos los expedientes y tramitar las oportunas sanciones económicas exigiendo además una inversión por parte de la empresa en la regeneración natural de lo perdido. No caben medias tintas. Se lo debemos a las generaciones futuras.
