La plantilla de la Ciudad recuperará “en octubre o en noviembre” el 25 por ciento de la paga extraordinaria anulada en diciembre de 2012 por el Gobierno central, una de las decisiones más controvertidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacer frente a la grave crisis económica que azotaba entonces el país.
Una vez aprobado en el pleno de finales de julio el expediente de modificación de crédito, la Administración central considera que tiene “fondos suficientes” para no “agotar el plazo” de diciembre que aconseja Madrid y optará por ingresar esa cantidad a los funcionarios y al resto del personal del sector público local “cuanto antes”.
Según confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, la Ciudad haría frente así ya al 50 por ciento de aquella paga suprimida, dejando la otra mitad restante para ser abonada a lo largo de 2016. El consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo ponía de esa forma fecha al anuncio que ya hizo hace una semana, también tras el Consejo de Gobierno, de que la Administración local seguiría la senda anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la Mesa Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. En esa reunión, comunicó a los representantes sindicales que los trabajadores públicos recuperarían antes de acabar 2015 parte de la paga extraordinaria anulada hace ahora dos años y medio, y que también verán incrementados sus ingresos en un 1 por ciento durante el próximo ejercicio. Además, se aprobó elevar el límite en la tasa de reposición (el número de plazas por jubilaciones o vacantes por otros motivos que pueden ser convocadas mediante oposición) en los servicios considerados básicos y la reinstauración de otros beneficios como los días de libre disposición.
CCOO había reclamado al propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que abriese un proceso de negociación con los sindicatos con el fin de trasladar a los empleados del sector público local de “manera inmediata” los pactos alcanzados en la Mesa de la Función Pública. El sindicato llegó a pedir al presidente Vivas un calendario de reuniones para aplicar a los trabajadores de la Administración local, que considera “también damnificados en su día”, los acuerdos suscritos a nivel nacional.
Montoro especificó la pasada semana que el 50 por ciento que aún quedaría por cobrar de esa paga de 2012 se repartiría durante 2016 en dos abonos diferentes: un 25 por ciento en torno al mes de marzo y otro tanto en septiembre. Así lo recibirá la plantilla de la Administración central, pero en el caso de las autonómicas y locales depende de lo que determinen sus órganos de gobierno en función, principalmente, de su capacidad presupuestaria.
El argumentario de “la nave a flote”
Aunque la anulación a los funcionarios de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 la decretó el Gobierno central, el Ejecutivo local la ha defendido desde entonces como parte del paquete de medidas que tuvo que adoptar Mariano Rajoy cuando pisó la Moncloa para atajar un gasto público imposible de sostener con la caída de ingresos que provocó la crisis. En estos años el mensaje desde el Palacio de la Asamblea ha sido similar: las medidas de ajuste que llegaban desde Madrid, y las que se han aplicado también en Ceuta, han permitido “mantener la nave a flote” pese al fuerte temporal. Traducido, ha sido casi obligatorio apretarse el cinturón, pero se ha destruido el menor empleo público posible y, sobre todo, se ha garantizado la amplia cartera de prestaciones sociales.
