Habrá comisión de investigación para aclarar quién, cómo, cuándo y por qué se filtró de manera interesada una lista “fantasma” de adjudicatarios de las 317 viviendas de la promoción de Loma Colmenar.
Esta ha sido la decisión que ha tomado de manera unánime la Asamblea al aceptar la propuesta elevada al Pleno por el PSOE, apoyada en origen por el resto de grupos de la oposición y a la que el Partido Popular tampoco puso muchas objeciones. La portavoz del Grupo Popular, Susana Román, quiso dejar claro que el Gobierno es el primer interesado en resolver terminar con esta polémica, que se ha personado en las diligencias abiertas por el juzgado y que actuó “en cuanto tuvimos conocimiento de que el ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López, tenía intención de entregar la promoción contraviniendo una instrucción clara de no hacer nada” hasta que la Comisión Local de la Vivienda hubiera dado su visto bueno definitivo. “Reaccionamos de manera inmediata”, reiteró la portavoz “para evitar que esa pretensión se consumara y poniendo los hechos en conocimiento de las instancias judiciales”. También aclaró Román que el Gobierno, a través de Emvicesa, no suspenderá el proceso de adjudicación que se ha iniciado y al que ya se han presentado más de 1.500 solicitudes, “porque la paralización ocasionaría un perjuicio aún más grave para el interés general y las viviendas se deteriorarían si permanecen cerradas mucho tiempo y porque significaría prolongar los costes de vigilancia en la promoción para que no sean ocupadas”. La sesión fue seguida desde los asientos del público por al menos una quincena de integrantes de las plataformas por la vivienda digna y también por algún adjudicatario de la lista que apareció publicada y que elevó la tensión en la sala. A ellos quiso dirigirse también el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que les garantizó que quien ha provocado “todo esto”, en alusión directa a Antonio López, “lo pagará”.
