La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado ha aprobado la ley que unifica los controles autonómicos y las sanciones para la calidad alimentaria en todo el país, con lo que acaba su trámite en las Cortes Generales.
Con el único apoyo del PP, la comisión de la Cámara alta ha respaldado el proyecto de Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria, que homogeneiza reglas sobre inspecciones y prevención del fraude en la calidad de los alimentos.
El PP ha rechazado todas la propuestas de veto y enmiendas de los grupos parlamentarios, con lo que el proyecto legislativo, que ya pasó por el Congreso, queda aprobado definitivamente.
Han votado en contra el PNV, el Grupo Catalán y Entesa pel Progrès de Catalunya, mientras que el resto de los grupos se han abstenido.
La ley actualiza una normativa que data de 1983 para adaptarla a la Unión Europea (UE) y acabar con las disparidades que existen entre las autonomías sobre el control alimentario.
Los partidos de la oposición la han criticado, por considerar que interfiere con las competencias autonómicas e incluso se han referido a informes en la materia del Consejo de Estado.
En la actualidad hay diferencias porque ocho cuentan con regulación propia en ese ámbito -Aragón, Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y el País Vasco- pero en las nueve restantes, Ceuta y Melilla no la hay.
Además, la legislación actualiza el importe de las sanciones y tipifica las infracciones leves, graves o muy graves, con una horquilla sobre la cuantía de dichas multas.
El portavoz de Agricultura del PP, Carlos Manuel Cotillas, y la portavoz popular de Alimentación, Marina Moya, han defendido que la ley mejora la protección de los consumidores y ayuda a la unidad de mercado, además de asegurar que está respaldada por el "sector alimentario, sindical, empresarial y cooperativo".
El PNV, el Grupo Catalán y Entesa pel Progrès de Catalunya y ERC (Grupo Mixto) presentaron propuestas de veto y enmiendas, en las que argumentaron que la normativa tiene un objetivo "centralizador".
El PSOE también ha defendido enmiendas alusivas a las competencias y a la necesidad de reducir el desperdicio alimentario.
El senador del PNV, José María Cazalis, ha manifestado que en la ley "se percibe un injustificado e ilegítimo arrinconamiento de las competencias de las comunidades autónomas".
En la misma línea, el portavoz del Grupo Catalán en el Senado, Manel Plana, ha dicho que no es justo que se produzca una "recentralización" del control alimentario y se interfiera en autonomías que ya tenían su regulación, argumento que también han compartido los senadores de Entesa Joan Saura (ICV) y Francisco Boya (PSC). En nombre del PSOE, que se abstuvo en la votación, Antonio Arrufat ha criticado la "lucha frontal" de este debate y ha lamentado que el PP haya desoído a los partidos y al Consejo de Estado.
