El director provincial del Ministerio de Educación en Ceuta, Cecilio Gómez, no quiere ver a ninguno de los directores suspendidos para seguir ejerciendo como tales en los nuevos equipos directivos de sus centros educativos. La Administración no solo desechó la posibilidad de que los reprobados siguiesen, a falta de candidatos para
reemplazarles, aunque fuese con un mandato de dos años, en sus puestos.
En el CEIP Reina Sofía, donde se consensuó una transición acorde con los deseos de la comunidad educativa, con Arancha Martell como sustituta de Andrés Rincón, el director provincial ha vetado a la nueva directora la posibilidad de contar con el antiguo máximo responsable del centro como secretario del equipo directivo entrante.
“Por tener el nombramiento carácter extraordinario es facultd discrecional de la Administración Educativa aceptar o no su propuest de los componentes de su equipo directivo”, ha recordado Gómez a Martell.
“Dicha Administración”, ha completado por escrito, “entiende que no procede el nombramiento de Andrés Rincón como miembro de su equipo por no haber superdo el procedimiento de selección regulado por la Resolución de 30 de marzo de la Secretaría de Estado que regula el procedimiento de selección, evaluación y renovación del nombramiento de directores”.
La Junta de Personal Docente emitía ayer un comunicado denunciando “la deriva prepotente y autoritaria de la Dirección”, que parece haber encontrado “carta blanca para imponer su voluntad sin sujetarse a principio o legalidad alguna”.
De manera absolutamente arbitraria, y sin apoyo legal para ello, la Dirección toma una decisión que, dice la Junta, carece de “argumentación”. “Esta actuación no sólo refleja un ensañamiento incomprensible contra un profesional de trayectoria impecable, sino que supone una vulneración de derechos inadmisible en un estado de derecho”, denuncia.
Aviso al delegado
“No se puede consentir, bajo ningún concepto, que los derechos que asisten a los funcionarios (en este caso ocupar un cargo directivo reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley) estén supeditados a lo que entiendan en cada momento unos cargos públicos incompetentes y ávidos de venganza”, añade el órgano educativo.
“El delegado del Gobierno, que se apresuró a explicar a la Junta de Personal recientemente que su función es hacer cumplir la ley, debe aplicarse la receta y exigir a su Dirección Provincial que actúe conforme a derecho, y el derecho no es, desde luego, la voluntad de dos despechados. La Junta de Personal muestra su respaldo al compañero agredido y se pone a su disposición para cuantas iniciativas fueran precisas en orden a restablecer la legalidad y recuperar sus derechos”.
