El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado solicitar a la Abogacía del Estado un informe sobre la viabilidad de aplicar una tasa de actividad a las cesiones de uso existentes en sus dominios, donde esta fórmula prolifera cada vez más.
La propuesta de aplicar esa tasa ha partido de los representantes de la coalición Caballas. En el Puerto, según han explicado fuentes de la formación localista, hay actualmente beneficiarios de concesiones “que pagan a la Autoridad Portuaria 16.000 euros al año por ellas y que, vía cesión de uso, reciben 12.000 euros mensuales y un porcentaje de las ventas que realiza la empresa que utiliza de forma efectiva la nave en cuestión”.
Para Caballas esa cesión de uso no deja de ser, en forma de alquiler lucrativo, una actividad económica, por lo que estima “justo” que además de la usuaria final también el arrendador cumplan con el abono del mencionado gravamen.
El hecho imponible de la tasa de actividad consiste “en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario, sujetas a autorización por parte de la Autoridad Portuaria”.
El sujeto pasivo de la misma es, según la legislación vigente, “el titular de la autorización de actividad, el titular de la concesión o autorización de ocupación de dominio público o el titular de la licencia de prestación de servicio portuario, según proceda”.
El tipo máximo está fijado en el 6% del “importe neto anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la autorización”.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordó hace ya un año, también a instancias de Caballas, elaborar un informe sobre los negocios que tienen sus establecimientos asentados en terrenos portuarios y la tasa de actividad que se cobraba a cada uno de ellos.
El Puerto tomó esa decisión después de rechazar una propuesta de la representación de la formación política que lidera Mohamed Ali para elevar el tipo de gravamen que se factura, que tiene un techo máximo del 6% pero que en la actualidad “se está aplicando en su nivel mínimo de alrededor del 2%”.
