El conflicto de los niños que viven en Ceuta pero no están empadronados y, por lo tanto, tampoco escolarizados en algún colegio o instituto parece correr el riesgo de enquistarse aún más.
Solamente uno de los 28 jóvenes a los que atiende a diario la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (Digmun) que han presentado su documentación para ser matriculados con vistas al próximo año académico ha sido incluido en las listas definitivas de admitidos publicadas por los centros educativos. Se trata, según las fuentes consultadas por este periódico, de un joven que sí estudiará a la vuelta del verano en el IES Puertas del Campo. No han corrido la misma suerte ninguna de las peticiones de escolarización tramitadas ante los CEIP Lope de Vega, Reina Sofía, Santa Amelia, Ramón y Cajal y Andrés Manjón. Los listados de admitidos de los IES Abyla y Siete Colinas tampoco incluyen a los dos niños que acuden al ‘colegio’ de Digmun y que solicitaron plaza en esos institutos. Comisión de Garantía Los centros dieron a conocer el viernes pasado las listas definitivas de admitidos y excluidos. A partir de ahí, los directores debían remitir la documentación de los que no han obtenido plaza en el primero de los centros solicitados a la Comisión de Garantía de Admisión para que esta proceda a adjudicar las plazas vacantes “sobre la base de las puntuaciones correspondientes y de las opciones efectuadas por los padres o tutores legales o por los propios alumnos, en el plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir del momento de la recepción de dichas solicitudes”. Los acuerdos y decisiones de los Consejos Escolares de los centros públicos y de la Comisión de Garantía de Admisión pueden ser objeto de Recurso de alzada ante la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. A partir de ahí cualquier reclamación debe tramitarse por la vía judicial.
“Viven y están arraigados en esta ciudad”
Digmun recordó al inicio del proceso de escolarización que los niños a los que atiende a diario “viven y están arraigados en nuestra ciudad y muchos de ellos incluso han nacido aquí pero se les niega el derecho a la Educación reconocido en la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en el año 1990, que recoge la obligatoriedad de los gobiernos por garantizar la educación obligatoria y gratuita” aunque su residencia en territorio nacional no esté regularizada.
