La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha remitido a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo un estudio sobre la situación de los presos españoles en el extranjero, en el que se analizan 224 expedientes gestionados por la Institución en los dos últimos años y se formulan recomendaciones para mejorar la situación de los reclusos.
Las quejas, que envían los propios internos, sus familiares o las organizaciones no gubernamentales, corresponden a cárceles de 27 países. Entre ellos se encuentran los que cumplen condena en penitenciarías de Marruecos.
La demora en los expedientes de traslado para cumplir sus condenas en España, y las dificultades procesales en el desarrollo de los juicios centran sus quejas.
En el estudio, la Defensora del Pueblo ha recomendado que se regulen los supuestos en el que los españoles residentes en el exterior que carezcan de recursos económicos puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita. La Institución solicita la creación de servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en los consulados de Iberoamérica.
También ha pedido que se refuercen los medios personales y materiales en los consulados que atienden a un mayor número de presos, y que se mejoren los canales de comunicación entre los familiares y las autoridades consulares.
