Juristas y ONG han iniciado una auténtica campaña de presión en torno a la historia del pequeño Abou, el subsahariano de 8 años que fue encontrado por la Guardia Civil en el interior de una maleta.
El menor está acogido en el centro Mediterráneo bajo la tutela del área de Menores; su padre ocupa una de las celdas de la prisión de Los Rosales desde que el pasado viernes la titular del juzgado de instrucción número 5 decretó su entrada en prisión provisional a la espera de juicio. Con el firme propósito de que el detenido sea puesto en libertad al no haber riesgo de fuga ya que tiene su familia en Canarias y además dispone de trabajo al estar regularizado, diversas entidades aglutinadas en la Red Española por la Inmigración han iniciado una lucha conjunta para forzar a un cambio de directrices en torno a esta familia costamarfileña. Lo que pretenden, de entrada, es que no se acuse al padre de Abou de un delito de tráfico de seres humanos dadas las circunstancias que concurren en este caso. El abogado Estanislao Naranjo Infante coordina esta campaña que pasa por pedir a la Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados “que se evite enjuiciar a este hombre por un delito pensado para castigar por ejemplo al patrón de un cayuco” amén de que “se abra un debate sobre los requisitos de la reagrupación familiar que impone la Ley de Extranjería”, toda vez que el detenido intentó esa reagrupación sin éxito porque su sueldo no llegaba por escasos 50 euros a lo que marca la ley. “Consideramos que es una barbaridad lo que se está haciendo con este hombre, porque se le quiere imponer la misma pena que a un señor que lo que lleva es un negocio de inmigración ilegal y explotación de seres humanos como si fuera un delincuente habitual o el capitán de un cayuco cuando se trata de su propio hijo”, señala Naranjo Infante en declaraciones recogidas por las agencias informativas que fueron trasladadas a todos los medios. En su opinión, “el tráfico de seres humanos es una actuación execrable y debe ser perseguida pero no se puede penalizar todo de forma genérica”. “La ley hay que aplicarla caso por caso y en este caso en concreto, la aplicación llevará a resultados que entendemos que ni siquiera preveía el propio Código Penal, a un efecto indeseable”, asegura. Naranjo Infante dice que no se entiende además, que se haya dictado prisión provisional sobre él, “cuando tiene permiso de residencia en España, domicilio conocido, trabajo fijo esposa y una hija en el país”, apostilló. “Nos parece que la actuación en este caso en el procedimiento con respecto al padre es excesiva por los efectos que se están produciendo” ya que “se trata de un hecho puntual, de un padre que quiere traer a su hijo y que lo ha intentado legalmente” y la respuesta del fiscal “está siendo excesivamente dura”, concretó. En torno a la reagrupación, la Red pide que se abra un proceso de debate y así lo ha instado a través de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, pues considera que “la aplicación estricta de la ley puede dar lugar a situaciones de injusticia”, como en su opinión es el caso. “Nuestra ley es muy peculiar porque se da la circunstancia de que aquí no se obliga a nadie a que tenga una capacidad económica determinada para ser padre, pero a los inmigrantes sí. Este señor por tener tres hijos y no ganar casi 2.500 euros, que es algo que ganan muy pocos en España, no puede reagrupar a todos sus hijos. Se trajo a su esposa y a su hija, pero no le han dejado traerse al mayor y al pequeño”, apuntó Naranjo Infante. El abogado destaca que en España sólo se es consciente de que una ley “está mal hecha” cuando se plantea un caso “extremo” como este y es por eso que la Red, que no tiene legitimación para personarse en el procedimiento porque al hombre ya se le ha asignado un abogado, se moviliza para que desde Fiscalía General del Estado se emitan instrucciones sobre este caso. Al Defensor del Pueblo le piden que el niño no siga ingresado en el centro de menores Mediterráneo reclamando que se interceda para que pueda mantenerse con su núcleo familiar, la madre y la hermana que están en Canarias, mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
