Las devoluciones en caliente, avaladas tras la reciente aprobación de la Ley de Seguridad, siguen siendo objeto de crítica política más allá de las reacciones sociales. Ahora ha sido Caballas quien se ha posicionado en contra de esta medida que permite el rechazo de aquellos que entren en bloque por el perímetro y lo ha hecho tildando estas acciones de "prácticas ilegales" propias de un "Gobierno inmoral".
"El Gobierno del PP, en contra de la opinión de organismos internacionales, juristas y un sinfín de entidades democráticas ha aprobado la expulsión de inmigrantes por la fuerza bruta, sin respetar los derechos que les asisten como seres humanos", denuncian los localistas.
"La iniciativa es, además de una vergüenza democrática, una chapuza legal. Se hace aprovechando un trámite de la Ley de Seguridad Ciudadana y se camufla añadiendo preceptos ambiguos que crean una absoluta inseguridad jurídica (se dice que podrán ser expulsados "respetando los tratados y el derecho internacional", que precisamente impiden la expulsión)", expresa Caballas.
El papel que le toca desempeñar a la Beneméita sigue siendo delictado. Ya lo ha advertido la AUGC señalando a los guardias que prestan servicio en las vallas de Ceuta y de Melilla. Para Caballas es evidente que el papel de estos agentes sigue sin estar claro porque seguirán "sin saber cómo actuar y bajo las órdenes del energúmeno de turno, que pretende hacer méritos ante los sectores más reaccionarios de la población apaleando y expulsando a personas indefensas que sólo buscan (como todos), labrarse una vida digna" expone.
"El odio al diferente, incrustado en el ADN del PP, convierte su acción de Gobierno en un permanente ataque a los derechos humanos", añade la coalición que se posiciona en contra de las devoluciones.
En esa misma línea se han situado otros partidos políticos (de hecho el PP ha aprobado esta Ley en solitario) así como entidades sociales como la propia Acnur y oenegés.
El Consejo General de la Abogacía, en contra
El Consejo General de la Abogacía Española considera que los rechazos en frontera incumplen el Derecho Internacional, por lo que ha expresado su “reprobación a las devoluciones inmediatas y sin garantías de extranjeros introducidas por la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana”. Lo dice esta entidad no la Abogacía del Estado como por error se publicó ayer en un titular confuso aparecido en la página 9 de la edición del sábado.
