El partido UPyD en Ceuta ha celebrado, dentro de la ronda de reuniones sectoriales con instituciones relevantes que desarrollan su labor en la ciudad para elaborar programas y compromisos electorales, un encuentro entre representantes de la Unión GC (Guardia Civil); UFP (Policía Nacional) y APFP (Instituciones Penitenciarias) y responsables del Consejo Territorial de esta formación política.
Los tres representantes profesionales anunciaron a la formación magenta la “creación de una asociación de personas tanto físicas como jurídicas (sindicatos, asociaciones profesionales…) damnificadas por el fisco”, a efectos de combatir la “indefensión a la que se ven sometidos” en cuanto al disfrute de derechos constitucionales de libertad de circulación “sin discriminaciones ni ‘penalizaciones’ en las remuneraciones por parte de la Agencia Tributaria”.
Unión GC, UFP y APFP piden, según recoge el comunicado de UPyD, la aplicación y el cumplimiento de la ley, “no que se interprete la misma de manera parcial, con afán recaudatorio”. Esta “desviación de poder”, continuó el partido, vulnera principios jurídicos fundamentales de los ciudadanos como el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, etcétera. “No se consideran unos ‘defraudadores’ sino unos ciudadanos que tienen derecho a la libre circulación, limitaciones que se aplican fundamentalmente a empleados públicos estatales en Ceuta”, sostuvo su Consejo Territorial.
UPYD-Ceuta manifestó que siempre defenderá las justas reivindicaciones “como las planteadas para potenciar una Administración más moderna, transparente y eficaz al servicio del ciudadano, siempre que sean compatibles con su Manifiesto Fundacional y sus Resoluciones Políticas”.
APFP y Unión GC se opusieron a la privatización de los servicios públicos y algunos puestos de vigilancia. “Buscan el incremento de beneficios de determinados ‘amiguetes’ del Gobierno de turno, actuales propietarios de emergentes empresas de seguridad”, señaló el representante del colectivo de Instituciones Penitenciarias.
Esta misma semana, UPyD mantuvo una reunión con la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) en la que abordaron el derecho a la libertad de expresión siempre que se ejerza desde la responsabilidad así como hacer proporcionales los derechos y beneficios de cada categoría como es el caso de la asignación de viviendas y pabellones militares.
“Por ejemplo, una familia numerosa, con familiares afectados por minusvalías e ingresos modestos ocupa una vivienda relativamente pequeña incluso sin ascensor, teniendo que pagar el canon mensual, las reparaciones y gastos comunes frente a los pabellones de cargos, espaciosos, gratuitos y mejor acondicionados”. Otra de las demandas defendidas es que la vida útil del militar de tropa no debería acabar a los 45 años.
