En sus últimos balances –incluido el que realizó el pasado miércoles para celebrar sus 14 años al frente del Gobierno de la Ciudad– el presidente Vivas ha insistido en que la Administración que dirige se ha volcado en redoblar las políticas enfocadas a proteger a los más desfavorecidos.
La oposición, con argumentos más o menos controvertidos, ha atacado en las últimas semanas esa gestión, pero los datos objetivos parecen incontestables. El Ejecutivo había movilizado en el último ejercicio, el correspondiente a 2014, un total de 13,8 millones de euros en gasto social, lo que supone un incremento, nada menos, que del 234 por ciento respecto al arranque de legislatura, en el lejano ya año 2011. Y los beneficiados abarcan desde personas sin techo a las que la Ciudad garantiza un alojamiento alternativo mediante la cofinanciación de un alquiler, trabajadores en paro y en riesgo severo de exclusión a los que se busca ocupación con los planes activos de empleo o, entre otros muchos capítulos, hasta ciudadanos que reciben ayudas a cambio de comprometerse a acudir a clase para formarse y así colocarse en mejores perspectivas para poder salir de las listas del paro. Todo eso suma, y mucho, y someterlo al criterio de la duda dice poco de quien aspira a alcanzar algún día el sillón de la presidencia. La oposición puede sugerir nuevas vías de utilización de esos fondos, pero negar que la Ciudad lucha contra la desigualdad social supone intentar maquillar cifras y los números, por suerte, son una de las pocas realidades que no admiten discusión. El Gobierno del PP, que en unos meses se someterá al examen de los electores, el mejor de los termómetros para calibrar la idoneidad o no de las decisiones administrativas, podrá ser censurado por cuestiones más o menos acertadas en otras parcelas, pero cuestionar a estas alturas la batalla diaria contra la desigualdad es un recurso político, cuanto menos, endeble. Por ahí no hay donde hacer sangre.
