Ciudad y Delegación del Gobierno estamparon ayer su firma en un acuerdo que persigue una colaboración, eficaz y decidida, en la lucha contra el fraude en materia de importación, transporte, almacenamiento y venta de mercancías.
De la importancia del documento, tildado de “histórico” tanto por Juan Vivas como por Francisco Antonio González, da fe el ramillete de máximos representantes de organismos de ambas administraciones presentes en el acto, desde consejeros a Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Autoridad Portuaria, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Aduanas, Servicios Tributarios de la Ciudad o Tráfico. Todos a una porque lo que se colocaba sobre la mesa, y se escenificaba, era la voluntad unánime de cubrir Ceuta con un manto que la haga impermeable a la triquiñuela fácil, al regate a la legalidad y, en definitiva, al fraude fiscal en torno a una actividad que, por recaer en buena medida sobre el sector comercial, implica a uno de los grandes pulmones de nuestra actividad económica privada. Buena parte de las medidas que se plasman ahora sobre el papel se llevaban a cabo ya desde hace meses, pero ahora se elevan a rango oficial y manifiestan, además, el compromiso inequívoco del Estado y de la Ciudad por cortar el grifo a las irregularidades. Se acabaron los tránsitos de mercancías de dudoso origen, las cargas de camiones que declaraban y tributaban un 10 por ciento de la mercancía que realmente portaban, de locales que ejercen como almacenes sin permisos o de transportistas que desconocen los mecanismos de pago de impuestos. Y no se trata, como alguien ha podido insinuar, de articular medidas meramente recaudatorias. El compromiso alumbrado ayer es un marco legal al que deben ajustarse por obligación todos los sectores implicados en la actividad comercial de la ciudad, les guste o no, estén acostumbrados a cumplir los trámites o vivieran antes en el oscuro territorio de la ilegalidad. El fraude es una forma más de competencia desleal a quien abona religiosamente sus tributos, ataca el corazón mismo de la economía local y contribuye a la lacra de la actividad sumergida, ésa que no genera precisamente empleo. El Tarajal, con su máximo control y una reordenación definitiva del tráfico de pasajeros, peatones y, sobre todo, mercancías con el estreno del nuevo paso comercial, será otro de los ejes fundamentales. Y, en el futuro inmediato, medidas para el escaneado de bultos o la identificación constante y eficaz de los porteadores, algo que requerirá un entendimiento continuo con Marruecos. Los acuerdos adoptados ayer no dormirán en los cajones, porque una comisión de seguimiento se encargará de evaluar de forma periódica sus resultados y evolución. No, no es una firma más. Son las bases de un nuevo combate al fraude fiscal para que Ceuta garantice en buena medida su futuro.
