El portavoz del Gobierno de Ceuta, Emilio Carreira, explicó ayer que el Ejecutivo local “comparte” con el de la Nación la idea de que la ciudad no debe solicitar a las instituciones europeas su entrada en la Unión Aduanera hasta no tener la “certeza” de que todos los miembros del Consejo de Europa vayan a decir que sí “sin perder ninguna de nuestras especificidades económicas y fiscales, que no son un privilegio sino un derecho”.
En declaraciones a los periodistas en rueda de prensa, el también consejero de Economía y Hacienda señaló que “hay cosas que no hace falta preguntar” y recordó que “hay miembros de la Unión Europea que, por razones históricas y sobre todo comerciales y económicas, tienen relaciones prioritarias con terceros países que de ninguna manera apoyarían nuestra mayor integración en Europa y que pesan más que apoyar a España”, indicó en referencia a Marruecos. “No quiero ser más explícito pero la resistencia a que entremos en la Unión Aduanera no está ni en Ceuta ni en España sino en otros sitios que todo el mundo conoce y es verdad que llevamos diez años hablando de esto pero el hueso está muy duro y hasta que no se ablande no se puede servir porque nos atragantaríamos”, dijo. El Gobierno considera que la reflexión a plantear a los agentes económicos y sociales locales pasa por preguntarse “a qué estamos dispuestos a renunciar por entrar en la Unión Aduanera”. “Nosotros pensamos que a nada porque nuestro Régimen Económico y Fiscal especial no es un privilegio, es un derecho que responde a nuestro condicionantes y que tenemos que seguir perfeccionando pero no poniendo en riesgo”, indicó. Vivas aseguró en 2008 que tenía la intención de pedir formalmente a España que tramitase la entrada de Ceuta en la Unión Aduanera de inmediato. Tras recabar distintos análisis externos cofinanciados por la Administración General del Estado, en diciembre de 2013, coincidiendo con una visita a Ceuta del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, la iniciativa se aparcó indefinidamente al entender que el paso podía perjudicar a la ciudad en el reparto de fondos comunitarios.
