Si el equipo de gobierno consigue la meta que se ha planteado de llevar el Plan General de Ordenación Urbana a aprobación de un pleno extraordinario antes de la celebración de las elecciones autonómica, supondrá, a buen seguro, el diseño de un documento urbanístico que va a regir la vida de nuestra ciudad durante los próximos cuatro lustros como mínimo.
Por supuesto, los enfrentamientos entre el equipo de gobierno y la oposición en torno al texto del Plan General lleva ya coleando más de dos años y lo único que no podrá negar la minoría en la Asamblea es que han tenido tendida la mano por parte de la responsable del área. Todavía recordamos como se llegaron a convocar comisiones informativas y donde se transmitió la idea de que se realizaran aportaciones por parte de la oposición para que se incorporaran al texto y, sin embargo, no hubo ningún intento de acercamiento para que el Plan General pudiera salir con el visto bueno de todas las fuerzas políticas. Todas las baterías se dejaron para el pleno del pasado verano y aún así, en aras de ese entendimiento, la misma responsable política del Plan, Susana Román, indicó en declaraciones públicas que había dado órdenes para que todas las alegaciones presentadas durante el tiempo de exposición pública se incorporaran al Plan, siempre que legal y urbanísticamente fuera posible. La semana que viene existe la intención de que haya reuniones con el Colegio de Arquitectos, con la Asociación de Promotores y con la oposición, de manera que todos ellos tengan conocimiento del contenido de la respuesta a las alegaciones que se presentaron y que durante los próximos días se discutirán entre el Gobierno y los técnicos de Prointec, que es la empresa encargada de la redacción del PGOU. Un PGOU que, por supuesto, no ha sido un arrebato de dos minutos por parte del equipo de gobierno, sino que en el mismo se ha venido trabajando durante la anterior legislatura y a lo largo de la presente. Además, con buena vista, puesto que dado que el Ministerio de Fomento es quien tiene la palabra para dar luz verde a su entrada en vigor, se han ido cubriendo todos los pasos con contactos permanentes con los responsables que han estado al frente de las parcelas que entendían de este asunto. Nunca se ha tomado una decisión sin contar con el visto bueno, porque de lo contrario, era tirar piedras contra el propio tejado de la Ciudad, ya que luego podrían echar abajo alguna inclusión y se perdería más tiempo.
