Caballas ha denunciado que llevará al Tribunal de Cuentas la compra "a dedo" de 75 chalecos antibalas para la Policía Local. Una compra que se habría llevado a cabo por el doble de los precios ofertados a concurso.
La coalición presentará ante el Tribunal y lo hará "de inmediato" los expedientes de Contratación de la Ciudad Autónoma relacionados con esa adquisición después de que el Gobierno haya anulado el concurso público inicial, en el que se ofertaron precios de 300 euros la unidad, para promover su adquisición a dedo por la vía de emergencia duplicando su coste (650 euros cada uno).
Este medio preguntó precisamente por este hecho a la Ciudad la semana pasada y la respuesta fue que se había realizado un trámite para cambiar la contratación por concurso por la efectuada por emergencia. El nivel de alerta antiterrorista existente obliga a adoptar una medida más rápida para que los agentes estén dotados con estos medios de protección lo más rápido posible.
Ahora recuerda Caballas que la Ciudad inició en noviembre del pasado año el expediente para la "protección de agentes de la UPAC, Tráfico y otras unidades" cuyos efectivos carecían de ellos. El 30 de enero el concurso se publicó en el BOCCE por un importe de 45.000 euros para su adjudicación por procedimiento abierto y con el precio como criterio único. El plazo para la presentación de ofertas era de 16 días naturales y el previsto para la ejecución, de dos meses.
"Varias empresas locales y nacionales concurrieron al proceso presentando ofertas que ascendían en algunos casos a 300 euros por unidad", destaca.
Ahora tras la publicación de esa suspensión en el BOCCE, la Ciudad se ha basado en esa emergencia para aceptar la propuesta de una empresa local presupuestada en 58.500 euros.
Caballas considera que el Gobierno del PP está utilizando un "subterfugio legal" para sacar esta compra de los principios de publicidad y concurrencia que deben regir la contratación pública. "Los técnicos consultados opinan que los argumentos usados por el Ejecutivo local no respetan los límites para la contratación por emergencia establecidos por la Ley de Contrato del Sector Público que exigen una actuación administrativa inmediata absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión", explican los localistas.
A la vista de la "escasa o nula atención" que presta el Gobierno a los dictámenes de Contratación, dicen, "pondremos este caso en manos del Tribunal de Cuentas, que ya ha demostrado su efectividad en temas como las obra en la Jefatura de la Policía Local, por las que permanecen imputados los exconsejero de Gobernación y Fomento José Antonio Rodríguez y Juan Manuel Doncel además del exdirector general de Obras, Francisco Navas", añaden.
