El Pleno de la Asamblea acordó ayer a instancias de una moción de urgencia de la coalición Caballas encargar a los Servicios Jurídicos de la Ciudad que busquen “la solución más rápida y viable posible” para la promoción de viviendas de Huerta Téllez, cuyos compradores siguen sin poder acceder a unas casas que ‘Dolmen’ se comprometió a construir en un solar adquirido a Emvicesa.
La consejera de Fomento, Susana Román, recordó que la Ciudad está urbanizando el entorno y destacó que el Gobierno de la Ciudad “siempre ha querido darle a este problema la solución más rápida, aunque con la SAREB eso nunca es sencillo”.
“Hemos estado trabajando con ‘Dolmen’, que primero se declaró en concurso de acreedores y ahora ya ha pasado a fase de liquidación, aunque la SAREB es la que tiene ‘atrapados’ a los compradores de las viviendas, y la próxima semana habrá una reunión entre ambas partes”, anunció Román, que se mostró dispuesta a, en paralelo, explorar la vía “de la rescisión del contrato, de la reversión o la que nos digan los técnicos para hallar la solución más rápida”.
Caballas instó a la Ciudad a “garantizar que las viviendas se van a terminar y se van a ocupar”, para lo que propuso como “la mejor solución” que la institución “rescate la promoción, termine las obras, cierre el contrato y adjudique las casas vacías si las hubiere”.
Aróstegui destacó de forma “primordial” que el de Huerta Téllez es un asunto “de competencia exclusiva de esta Asamblea”. “No es que nos apene lo que sucede, es que tenemos la obligación institucional de encontrar una solución para un problema ocasionado por este Ayuntamiento, que tenía unas parcelas y eligió un modelo de gestión para construir viviendas protegidas, por lo que hasta que estas personas vivan allí tenemos la obligación de tutelar el proceso y hacer valer lo que justificó aquel movimiento, que familias de clase media accediesen a una casa”, recordó el localista, quien exigió a la institución “remangarse y arreglar lo que no se hizo bien”.
El localista buscó y encontró la “predisposición” de la Corporación para “deshacer un entuerto jurídico-político-administrativo que ha terminado con un colectivo de ciudadanos atrapados, víctimas de una situación bastante incomprensible, familias en su mayoría trabajadores y jóvenes que creyeron tener una oportunidad inmejorable para iniciar un proyecto de vida, que invirtieron ahorros de toda una vida y mucha ilusión pero que, ocho años después, siguen en una maraña que nadie sabe explicarles muy bien pero que les mantiene fuera de sus viviendas y en una absoluta desesperación con la que nos identificamos”.
Prórroga de un año para los inquilinos de Serrano Orive
La consejera de Fomento, Susana Román, aseguró ayer que los inquilinos de las 45 viviendas protegidas en régimen de alquiler de la promoción de Serrano Orive dispondrán al menos de un año de prórroga más en las casas que han venido ocupando durante el último lustro y cuyos contratos finalizaron el pasado mes de enero. La miembro del Ejecutivo local se comprometió a que ningún ocupante de una vivienda protegida en la ciudad será expulsado para quedarse en la calle, pero se negó a comprometerse a encadenar cinco prórrogas anuales consecutivas para sus actuales beneficiarios, como pedían los socialistas, porque “no es legalmente viable”, según aseveró. Aróstegui recordó que los adjudicatarios que ya hayan cumplido 36 años no pueden seguir en la promoción de acuerdo con los pliegos originales. Caballas apuesta “en principio” porque el recurso pueda ser utilizado por otros jóvenes pero “sin dejar a nadie desamparado”.
