Seguriber y Prosegur suenan para hacerse con el servicio en los polígonos.
El compromiso del empresariado del Tarajal relativo a la contratación de un servicio de vigilancia privada divide al colectivo en torno a la Comunidad de Propietarios y a la Asociación de Comerciantes. Ambas cuentan con el presupuesto de varias empresas, entre las que suenan Prosegur y Seguriber, ésta última con un año de experiencia en las naves y el puente del Biutz –paso de mercancías entre la ciudad autónoma y Marruecos–.
A la Administración General del Estado, con la que los presidentes de los polígonos cerraron el acuerdo tras un desencuentro que parecía irreconciliable y con la que la nueva entidad sintonizó desde sus inicios, le da igual que el gato sea blanco o negro: la Delegación del Gobierno solo reclama un dispositivo que asuma aquellas funciones que no corresponden a los agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional (UIP) pero que facilitan el tránsito de porteadores.
Por su parte, la Comunidad y la Asociación esperan ver cuál es el transcurso de los acontecimientos aunque sin renunciar a asumir estos costes después del tortuoso camino que recorrieron: hundimiento de sus ingresos; porteadores heridos; apuñalamientos; asaltos nocturnos al recinto industrial y una inseguridad que da “asco” y “miedo” a los empresarios, quienes albergan la esperanza de suavizar la crispación.
Según fuentes próximas a las negociaciones, la propuesta de la Asociación de Comerciantes está más avanzada además de contar con el aval de la Cámara de Comercio, extremo que este periódico no pudo confirmar ante el silencio de su presidente, Karim Bulaix, pero en cuya sede presentaron la Asociación. En cualquier caso, este asunto se encuentra en pausa hasta la próxima semana sin perjuicio de que continúen con sus respectivos contactos.
La mercantil que ya fue adjudicataria del servicio, Seguriber, abandonó los polígonos después de que los representantes aludieran a su incapacidad para afrontar los gastos que les generaba los auxiliares. De aquella etapa, que un sector relevante de los comerciantes añora por la fluidez y el control de los bultos logrado por Seguriber, la Comunidad de Propietarios aún adeuda varios miles de euros, según pudo conocer este periódico.
A finales de noviembre, la Ciudad Autónoma manifestó su voluntad de costear parte del dinero que abonaban los empresarios por la seguridad privada, una predisposición que quedó en agua de borrajas o bien podría ser recuperada cuando la nueva empresa de vigilancia empiece a rodar. Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el diseño de los dispositivos de seguridad.
