La secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, ha rematado con una afirmación de perogrullo su informe sobre el expediente de modificación del contrato de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, al que Trace ya ha dado su conformidad.
En su dictamen, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, la técnico asegura que el órgano de Contratación [el consejero de Hacienda, Emilio Carreira] puede proceder a dar ese paso si cumple con lo que establece la Ley.
“Una vez sustanciado el trámite de audiencia al contratista y contando con el informe favorable de la Intervención”, señala, “podrá, si así lo estima, acordar la modificación del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con fundamento en la documentación técnica que obra en el expediente con el fin de prestar el servicio en las condiciones que exigen en este momento las necesidades públicas que el servicio está llamado a satisfacer”.
Padilla no certifica, sin embargo, en ningún momento, que todos los requisitos legales para la modificación de un contrato vigente que se formalizó hace dos años para un periodo de diez prorrogable por otros tantos.
El informe explica que el expediente está en “un supuesto de gestión indirecta” de una competencia municipal y que la Administración tiene la “potestad de modificación” como “excepción al principio general de inalterabilidad”.
Para hacerlo es necesario invocar “razones de interés público” y en los Pliegos de la concesión ya se establecía que la Ciudad podría cambiar sus condiciones “comprometiéndose a mantener, en todo momento, el equilibrio económico-financiero de la concesión”. Incluso se estableció una cláusula específica en la que, apelando al Plan de Ajuste aprobado en 2012, se abría la puerta a “modificar los servicios objeto del contrato para ajustarlos al cumplimiento de las exigencias que en cada momento requiera su desarrollo, o la evolución de la situación económica así lo haga necesario”.
Tras recopilar multitud de informes que respaldaban que la Ciudad estaba más sucia de lo deseable y exigible y a la vista de la mayor disponibilidad presupuestaria de la institución, el Gobierno que preside Vivas impulsó un cambio de la concesión para, incrementando por debajo del 10% su cuantía (este año pasa de 11,5 a 12,8 millones de euros), exigir la realización de más y mejores servicios a la concesionaria, que además se ha comprometido con su Comité de Empresa a convertir medio centenar de contratos a tiempo parcial en relaciones laborales a jornada completa.
