Los incidentes en los polígonos y las instrucciones de Delegación urgen a contratar el servicio.
Los últimos episodios de inseguridad en las naves, que sacude a diario la circulación de mercancías de la ciudad al país vecino con altercados de toda naturaleza, indujeron a los empresarios –tanto dueños como arrendatarios– a reflexionar sobre la pertinencia de contar con un operativo de vigilancia privada.
La Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal y la Asociación del Polígono del Tarajal, cada uno por su cuenta, mantienen contacto en estos días con distintas empresas del sector con el fin de contratar un servicio de seguridad.
La entidad encabezada por los cuatro presidentes de los polígonos, que mantuvo una reunión el viernes pasado en el Gobierno de la Plaza de los Reyes, “trabajamos con la Delegación del Gobierno en un nuevo servicio de seguridad privada” después de la controvertida finalización del contrato con Seguriber. No obstante, recalcaron, no significa la existencia de un acuerdo definitivo.
Representantes de la Comunidad de Propietarios, ayer mismo, informaron de que recorrieron los polígonos en compañía del delegado de una de estas mercantiles. De momento, estimaron, son dos las empresas que están interesadas en prestar servicio en el recinto industrial.
Desde el colectivo que aglutina a los dueños de las naves aseguraron que la seguridad es una cuestión que corresponde en exclusiva a la Comunidad de Propietarios porque los viales son de su titularidad, “de modo que somos nosotros quienes decidimos”.
Por su parte, la Asociación de Comerciantes del Polígono del Tarajal, a través de su vicepresidente, Francisco Sánchez, comunicó ayer que baraja varios presupuestos con el mismo objetivo: incorporar efectivos de seguridad privada en las calles del recinto ante la inestabilidad que afecta a sus negocios. “Nos encontramos en la fase de planificación con expertos en seguridad”, apuntó este portavoz de la entidad.
En cuanto a quién debe pagar la vigilancia privada, el vicepresidente de la Asociación sostuvo que aquellos empresarios que la utilizan porque desarrollan su actividad comercial en los polígonos ya que un alto porcentaje de los almacenes está alquilado.
Este dispositivo sería independiente de los grupos de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional (UIP) con los que la Administración General del Estado coopera en el mantenimiento del orden público. Seguriber complementó a los agentes hasta diciembre del año pasado.
La Chimenea reclama que reparen la puerta
Mohamed Ahmed, presidente de La Chimenea, exigió ayer “a quienes rompieron las cadenas y permitieron que destrozaran las puertas de acceso a este polígono en la mañana del miércoles que paguen su reparación”. La puerta, durante el horario de actividad de las naves, permanece abierta pero sujeta con dos cadenas que, aseguró, fueron cortadas esa mañana para filtrar la entrada de porteadores al recinto en el marco del operativo policial. Cuando los agentes se retiraron, prosiguió, los porteadores aprovecharon para desencajarla de las bisagras ya que el acceso quedó desprotegido y sin la fijación de las cadenas. La idea de los camalos era que, cuando cayera la noche, pudieran entrar por esa fisura en el vallado de los polígonos. “El delegado del Gobierno dijo que el polígono es privado así que la Policía Nacional no puede cerrar y abrir puertas sin pedir permiso”, protestó el presidente de La Chimenea. En estos momentos, la valla cedida por un comerciante bloquea la entrada por las noches aunque, indicó Ahmed, no es tan segura como la anterior. “No es la primera vez que cortan las cadenas; ya ocurrió media docena de veces en las últimas semanas”, aseguró.
