Comerciantes desentrañan las razones que convierten al bulto de dudosa procedencia en el catalizador del ‘efecto llamada’.
¿Por qué se quejan los comerciantes de los polígonos del Tarajal, si cada día les visitan 8.000 personas ávidas por adquirir mercancías que trasladar al otro lado de la frontera? Empresarios consultados por este diario, indignados con esta pregunta a la que se enfrentan a diario, trataron de desentrañar ayer la “competencia desleal” ejercida por las conocidas como consignas ilegales. Estos almacenes en Ceuta constituyen uno de los vértices del triángulo de oro de los bultos, que proceden de polígonos como el de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid) y acaban en Marruecos.
Estos mismos comerciantes distinguieron entre dos modalidades de fardo con productos: el primero que puede denominarse A, el cual alberga textil de dudosa procedencia; y el segundo que llamaron B y no es otro que el textil de aquellos negocios que cumplen con sus obligaciones en España, es decir, los que regentan como propietarios o arrendatarios de la mayoría de las naves.
Por el bulto A, continuaron, quien importa los contenedores ni paga por un establecimiento ni satisface los gastos fijos derivados de su actividad a través de testaferros, a lo cual se une que declara cada unidad a precios “irrisorios” como pantalones a 0,15 céntimos o camisas a 0,10. Al quedar libre de esos costes, cada paquete que contiene alrededor de 300 unidades llega a pagarse a 100 euros, es decir, que cada pantalón tendría un valor de 0,30 céntimos. Sin embargo, esos 100 euros no recaen íntegramente en el porteador, sino que la comisión que cobra el conseguidor del fardo y el planto reduce los beneficios del camalo hasta los 50 euros.
Por otra parte, está el bulto B por el que el comerciante desembolsa gastos de establecimiento; costes fijos; alquiler o hipoteca; Seguridad Social y Autónomo; nóminas y un IPSI al 10 por ciento al tratarse de textil. Estos gastos, aseguró el colectivo, impiden pagar más de 25 o 30 euros porque los márgenes de ganancia son reducidos. Por tanto, los porteadores se decantan por el bulto de textil dudoso A ya que sus ganancias son mayores, una decisión que va en detrimento de los comerciantes legalmente establecidos que vieron caer sus ingresos un 70 por ciento.
Por otra parte, denunciaron de forma pública, estas consignas ilegales cobran 10 euros por paquete y día que lo guardan, lo cual alimenta la “economía sumergida”. Los plantos ganan entre 500 y 1.000 euros diarios, es decir, a diez euros por persona a la que autorizan entrar en la fila, según las mismas fuentes.
