Diecisiete combatientes yihadistas procedentes de España fallecieron el pasado año en las zonas de conflicto del Estado Islámico, fundamentalmente Siria e Iraq, y ocho de ellos retornaron a nuestro país, de los que siete fueron detenidos y están ya en prisión preventiva.
Según datos de fuentes de la lucha contra el terrorismo yihadista, los expertos calculan que unos 36 yihadistas procedentes de España permanecen en Siria e Irak, a donde, a la luz de informes policiales, se habrían desplazado 5.000 individuos de países de la Unión Europea, de los que el 80 por ciento se habrían integrado en las filas del Estado Islámico o Daesh.
En España, las investigaciones policiales y judiciales que se siguen y en las que destaca, según las fuentes consultadas, “la estrecha colaboración de las autoridades marroquíes”, se centran fundamentalmente en Ceuta y Melilla y, concretamente, en las actividades de captación y adoctrinamiento de personas muy jóvenes (incluso niñas menores) para su envío a Siria.
El auge del yihadismo en esas zonas también se ha traducido en un incremento de estos procedimientos en la Audiencia Nacional, ya que el pasado año llegaron a suponer el 15 por ciento de todas las investigaciones abiertas en este tribunal.
En total se estima que en la Audiencia Nacional hay 70 procedimientos judiciales abiertos por el fenómeno yihadista, que engloba también el enaltecimiento de este tipo de terrorismo a través de las redes sociales, y cuarenta personas se encuentran en prisión en relación con estos grupos.
Desde junio de 2013, se han llevado a cabo varias operaciones contra el terrorismo yihadista en las que resultaron detenidos un centenar de personas en España, Marruecos y Bélgica.
La mayor parte de los arrestados estaban vinculados con las redes de captación, adoctrinamiento y envío de yihadistas a las filas del Estado Islámico, y algunos con vinculación con otras organizaciones que operan en África como AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico) y MUYAO (Movimiento para la Unión de la Yihad en el África Occidental).
La actuación judicial, según las fuentes, es “fundamentalmente preventiva, dirigida a la detención y desarticulación de células y grupos incardinados en organizaciones terroristas antes de comenzar a preparar o ejecutar acciones”.
