El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma, Emilio Carreira, encargó ayer adscribir al actual jefe del Negociado de Gestión Interna de la Administración local, Juan Carlos Lara, a la nueva oficina de inspección fiscal que la Administración local va a abrir en el Puerto con cerca de media docena de policías
locales en segunda actividad y funcionarios de Servicios Tributarios.
A ese equipo corresponderá la misión de aplicar los cambios que el Pleno ha aprobado esta semana introducir en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) con el fin de atajar la presunta evasión fiscal que las Administraciones creen haber detectado en el tránsito de ropa usada o a granel que, procedente en su inmensa mayoría de Asia, termina en el Tarajal y después en Marruecos, negocio que se considera el germen del colapso absoluto de los polígonos.
Con un tipo de gravamen ya situado en el máximo posible, el 10%, la Consejería de Hacienda se propone elevar la base imponible en Operaciones Interiores e Importación de “las prendas y complementos de vestir y sus partes, mantas, ropas de cama, mesa, tocador o cocina, artículos de tapicerías, calzado, sombreros y demás tocados” que tengan “señales apreciables de uso” o que se presenten “en ‘balas’, sacos (bolsas) o acondicionamiento similares”.
En el apartado de Operaciones Interiores, esos productos tendrán como base imponible “el resultado de multiplicar por cuatro euros el número de kilogramos de producto elaborado” o “el importe total de la contraprestación correspondiente del destinatario o de terceras personas”, según han precisado a ‘El Faro’ fuentes del Ejecutivo local.
En lo tocante al IPSI Importación se precisa que las mercancías afectadas por el cambio de la Ordenanza serán las referidas anteriormente “que hayan sido fabricadas o tengan su origen en territorio no integrado en la Unión Europea”.
En este caso la base imponible también será “el resultado de multiplicar por 4 euros el número de kilogramos de producto importado” o “lo dispuesto en las normas reguladoras de la base imponible de las importaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”.
La Ciudad exigirá, para el régimen de autoliquidación, “factura original o proforma de la adquisición”, “factura relativas a transportes, seguros y fletes” y, en du caso, “certificado de avería”. Por añadidura se extremarán los controles sobre esa documentación y el peso de las mercancías.
Finalmente, el ingreso de lo devengado tendrá que hacerse con carácter general “con anterioridad al acto administrativo de despacho” o a la entrada de los productos en la ciudad.
