La diputada no adscrita Fatima Hamed ha encuadrado su capacidad de intervención en los plenos en una clara situación “de vulneración de derechos fundamentales”, acusando la “determinación de Gobierno y oposición” por “callar todas las voces contrarias a sus tesis”.
La denuncia de Hamed se produce después del acuerdo alcanzado entre los diputados para que se pueda presentar un mínimo de mociones de urgencia, correspondiéndole a la ex de Caballas solo una. “Además del parcheo político, el amordazamiento parece haberse consolidado como norma de su praxis política”, denunció ayer Hamed. “Hoy por hoy es evidente el pacto de señores existente entre quien gobierna y entre quienes dicen ser oposición. No podemos tolerar que quienes entienden la función pública como reparto de un pastel sigan repartiéndose parcelas y reservándose cotos privados”.
La cabeza visible de MDyC denuncia que “el derecho a la manifestación política es el fundamento de toda institución democrática” y que “ésta no se somete a la lógica de mayorías ni minorías, ni acuerdos ni desacuerdos, ni a intereses estrechamente gubernamentales o partidistas, sean por el objetivo que sea”, apunta. Para Hamed “es insultante que quienes manifiestan que todas las situaciones de vulneración de derechos fundamentales nos indignan pacten unánimemente recortar el derecho de un diputado a trasladar al pleno las situaciones urgentes de la ciudadanía”, expone, en una denuncia que extiende ya no solo al PP sino a los demás grupos de la oposición que han apoyado esta medida de “limitar” a un miembro de la misma “trasladar las situaciones de urgencia en la medida en que se ha acordado que las urgencias se rijan por criterios de proporcionalidad”.
Para la diputada no adscrita, el pleno se está convirtiendo en algo “reservado” para quienes buscan “acceder a dicha información con el fin de controlar y velar por el interés general de los ciudadanos, fin que parece haberse olvidado de él”.
A esa restricción añade su protesta por el hecho de que ayer se le informara que no podrá participar en algunos consejos de administración de las entidades municipales, algo que Hamed entiende como una “censura”.
