El Pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad a instancias de la coalición Caballas incluir en todos los pliegos de condiciones de contratos públicos como una condición esencial del contrato una cláusula que vete a los adjudicatarios aplicar la Reforma Laboral y rebajar los salarios o las condiciones laborales de sus plantillas.
Literalmente, en cada licitación se establecerá que durante todo el periodo de ejecución la contratista estará obligada “a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario y en términos anualizados, correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del Convenio Colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta (o las establecidas en el contrato individual de trabajo en caso de inexistencia de convenio)”.
Todo ello “con independencia de que tal Convenio pueda posteriormente perder vigencia en aplicación de las previsiones legales o convencionales sobre finalización”. Aróstegui también pidió que se explore la “posibilidad legal”, a su juicio viable, de introducirla en las concesiones adjudicadas y en curso.
Por consenso se aprobó también, igualmente a petición de Caballas, que la Comisión Especial de Cuentas, en la que tiene cabida la oposición, reciba “mensualmente” información sobre “todos” los contratos, con independencia de su cuantía, mayores o menores, que esté licitando o haya adjudicando la Administración local.
El PP se opuso a “devolver” al Pleno de la Asamblea la competencia para la contratación de obras, suministros y servicios que superen, en cómputo global los 6 millones de euros, o los 4 años de duración, “de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público”, como pedía Caballas.
Carreira dejó claro, en cualquier caso, que los procesos de contratación están “en manos exclusivamente técnicas” y que el Gobierno está dispuesto incluso a renunciar al voto que tiene la consejera de Fomento como presidenta de la Mesa de Contratación. El consejero y el localista también debatieron sobre la necesidad de encontrar un criterio a medio camino entre la subasta y el concurso para “mejorar”.
