El Grupo Parlamentario Popular se comprometió ayer a constituir un grupo de trabajo con la intención de, antes de final de año, aprobar “una norma específica” para regular el marco de apertura de nuevas farmacias en la ciudad autónoma, un ámbito en el que Caballas denunció a través de una moción de urgencia la existencia de “un vacío que genera perjudicados y privilegiados, derechos mermados y sobreprotegidos”.
El diputado localista Juan Luis Aróstegui fue el encargado, tras recibir la denuncia de un ciudadano que, tras mostrar interés por abrir un establecimiento de este tipo, recibió una respuesta en la que se le advertía de que Ceuta carecía de un Reglamento para canalizar su petición.
“La Ley de 1997 fija en 2.800 personas el número de habitantes por oficina y en 250 metros la distancia mínima entre ellas, datos ponen de manifiesto que el número de oficinas de farmacia en Ceuta se encuentra por debajo de lo que la Ley establece como optimo para prestar un servicio de calidad a la población”, desgranó el localista.
El consejero de Sanidad, Abdelhakim Abdeselam, reconoció que su departamento tiene un borrador de Reglamento pendiente de poner en marcha y, de la mano de Vivas, convenció a Caballas de la conveniencia de pactar la creación de un foro abierto con la participación de “técnicos, jurídicos y el resto de partes involucradas” para redactar una norma “antes de final de año”. El presidente subrayó que la Ciudad no defenderá “intereses colegiales sino el general” pero tampoco quiere poner al sector en crisis.
Ali y Bel discrepan sobre el control del servicio de autobús
El Gobierno local defendió ayer a través de su ‘número 2’, Yolanda Bel, que el Ejecutivo ceutí se está tomando “el máximo interés” en la aplicación de la Ordenanza del servicio público de transporte en autobús, un texto que según afeó Mohamed Ali “no se está aplicando”. La consejera aseguró que se han atendido “las dos únicas peticiones recibidas” para colocar una nueva parada en una barriada y la gratuidad del trasbordo para universitarios.
