Caballas anunció ayer que ha encargado a varios juristas la elaboración de un informe que concrete cómo trasladar a los juzgados lo que considera “incumplimientos” reiterados de varios de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Asamblea. El primer partido de la oposición advierte de que “ya no es suficiente con la denuncia en los medios de
comunicación o la reprobación política en las instituciones”, sino que ha llegado el momento de “dar un paso más”.
En tono crítico, la coalición que dirigen Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui censura que “el Gobierno de la Ciudad ha hecho del incumplimiento un método”, y cita una lista de actuaciones que recibieron el visto bueno de la mayoría de la Cámara pero que aún no se han concretado o llevado a la práctica. Entre ellos, el revestimiento antideslizante en el acerado del centro de la ciudad para evitar resbalones de los peatones; el saneamiento en el área de viviendas de Arcos Quebrados, a su juicio es un foco de problemas para la salud pública; la puesta en funcionamiento de la pista polideportiva de la barriada Príncipe Felipe o las obras de adecentamiento que deberían acometerse en Cortijo Moreno para evitar riesgos para la integridad física de los menores.
“Toda la ciudadanía ya es perfectamente consciente de que la palabra del Gobierno, y la de su presidente, no tienen ningún valor. Todos los compromisos caen en saco roto ante la frustración y desesperación de las personas a las que se les despiertan unas expectativas falsas”, denunciaba Caballas en un comunicado difundido ayer. Para sostener ese argumento, recuerda que ése es, precisamente, el proceso al que se derivan “todas las propuestas que se llevan a Pleno para resolver las notorias carencias que afectan a las barriadas de la ciudad”. E insiste en que la mecánica “es siempre la misma” y consistiría en un primer reconocimiento de la denuncia, en una posterior aceptación de la propuesta –“para no quedar públicamente en evidencia”, matiza la coalición– y en un “incumplimiento sistemático” final pese a votar a favor el Gobierno de las iniciativas en el Pleno.
La formación eleva ese escenario a la condición de “actuaciones dolosas”, ya que según su criterio esconden una “voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída”, de ahí que considere que deben encontrar en el Código Penal “su justa sanción”. “El Gobierno, a pesar de existir acuerdos plenarios, de disponer de la cobertura presupuestaria suficiente para acometer las obras, no las ejecuta”, reitera Caballas, que intuye elementos “suficientes para entablar una acción ante los tribunales”.
La necesidad de cumplir con los plazos
El anuncio de Caballas de acudir a la vía judicial para reclamar la ejecución de aquellos acuerdos plenarios que considera que están en vía muerta o no se llevan finalmente a la práctica choca con la visión del Ejecutivo local. Fuentes del Gobierno aseguran que no existen tales “incumplimientos” sino simplemente posibles retrasos administrativos en la tramitación o acumulación de plazos que impiden que los proyectos hayan cristalizado aún. No tendría sentido, insisten, “aprobar medidas que benefician a los ciudadanos y que cuentan con el visto bueno de la Asamblea para dejarlas sin efecto”. Las actuaciones verán la luz en cuanto se cumplan los plazos y trámites fijados por ley, insisten.
