La diputada no adscrita, Fatima Hamed ha reiterado que la Ciudad Autónoma podría dejar de ingresar 700.000 euros si antes del día 20 de septiembre el consejero de Hacienda y Economía, Emilio Carreira, no firma el decreto por el que se le reclamará oficialmente esa cantidad económica a Intervías Construcciones S.L., que fue la empresa que presentó a principios de año la oferta más baja para gestionar la Estación Depuradora de Aguas Residenciales (EDAR), por 7 millones de euros.
Esta oferta fue retirada “por sorpresa”, añade la diputada, cuando ya se conocían el resto de proposiciones económicas, lo que le valió a Intervías que la administración local iniciara un procedimiento de reclamación por daños y perjuicios tal y como está contemplado en la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, La empresa tampoco justificó la baja temeraria que había presentado sobre el presupuesto de licitación y la adjudicación de la gestión de la EDAR pasó a la segunda mejor oferta en precio, la presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada entre Joca y ACC.
Ese procedimiento de indemnización por daños y perjuicios a la Ciudad Autónoma concluyó el pasado 20 de junio “y desde entonces está completado, solo pendiente de la firma del consejero para poder notificarlo a la empresa”, subrayó Hamed quien recordó que “caducará” a finales de la próxima semana si Carreira no firma antes el decreto resolutivo. “Es una firma fundamental, de la que depende este procedimiento”. En caso contrario “habrá que iniciar un nuevo expediente”. A la empresa se le reclaman los daños que ha ocasionado a la Ciudad “puesto que hay una relación de causalidad directa entre esa retirada injustificada de la oferta y el sobrecoste producido a las arcas municipales, tal y como han determinado los técnicos”.
La diputada se pregunta por las razones que llevan al consejero a no haberlo estampado su firma en el documento, “porque es algo que debería explicar, que es incomprensible, porque es un asunto de interés general y que afecta a las arcas municipales”. La indemnización coincide además con la diferencia respecto a la segunda oferta más barata, la UTE JOCA -ACC, que la presentó por 7, 6 millones de euros y que resultó finalmente la adjudicataria. Destaca la diputada que las dos empresas pertenecen a la misma corporación y considera que se trata de un asunto de interés general por la suma importante de dinero que supone para las arcas municipales, “porque con esos 700.000 euros se pueden hacer muchas cosas en esta ciudad, y el Gobierno no puede permitirse el lujo de que ningún procedimiento administrativo pueda caducar
