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Fatima Hamed pide que se resuelva el expediente contra la empresa Entrevías

Por Redacción
10/08/2014 - 06:03

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La diputada no adscrita, Fatima Hamed, señala que la empresa municipal Acemsa, en virtud de una encomienda de gestión por parte de la ciudad, fue quien se encargó de tramitar en su día el expediente para la contratación de los servicios de operación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR).

Señala que en virtud de este expediente se adjudicó la ejecución del contrato a la UTE formada por JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.-AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES S.L.. “Sin embargo, lo que no ha trascendido a la opinión pública de este contrato es que, en primer lugar, la oferta presentada por la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. fue quien obtuvo la máxima puntuación con una oferta económica de 7.001.999,94 euros. Ahora bien, la mesa de contratación consideró que la oferta pudiera ser considerada anormal o desproporcionada por lo que requirió a la empresa para que la justificara. Lejos de atender a este requerimiento, lo que hizo la empresa fue presentar un escrito de apenas unas líneas en el que sorprendentemente sólo decía que "no se podían ratificar en su oferta económica". La propuesta ofertada por la UTE JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.-AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES S.L. quedó en segundo lugar con una oferta de 7.695.599,88 euros”.
Refleja en su comunicado que la mesa de contratación decidió el 24 de febrero del presente año, iniciar expediente a  INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. para la declaración de prohibición de contratar con la administración y para determinar los posibles daños y perjuicios irrogados a esta por no justificar la baja ofertada.
 Señala que esta decisión, se justifica plenamente a través de la ley de contratos del sector público que enumera, entre las circunstancias que impedirán a una empresa contratar con las administraciones públicas, haber retirado indebidamente su proposición en un procedimiento de adjudicación.
 "Extrañamente, seis meses después, el gobierno de la ciudad, y más concretamente el consejero de Hacienda, aún no ha tenido a bien tomar cartas en el asunto y cumplir con lo que establece la Ley: prohibir a la empresa contratar con la ciudad y requerirle por los daños y perjuicios ocasionados (que deberían ascender a la diferencia entre la oferta realizada por INTERVIAS y la del adjudicatario definitivo, con el que comparte grupo empresarial, y que asciende a cerca de 700.000 euros, aunque esta cantidad deberán determinarla los técnicos). Recordarle al gobierno local del PP, que su obligación es velar por el interés general puesto que es dinero de todos los ciudadanos (más de 700.000 euros) y no debe permitir que ninguna empresa se burle de la administración”.
 Manifiesta que “no se puede permitir que grandes grupos empresariales vengan a Ceuta presentando varias ofertas y que jugando con esa ventaja multipliquen sus beneficios decidiendo, según sus intereses, continuar o no con una oferta sin que ello tenga consecuencias. La declaración de prohibición afectaría a estos grupos y se pensarían dos veces la presentación de ofertas que posteriormente son retiradas por una de las empresas siendo la siguiente ofertante del mismo grupo empresarial. Ya existen precedentes de sanciones en este sentido (por retirar oferta económica de un concurso público injustificada en base a lo establecido en la ley de contratos del sector público) en otras comunidades como por ejemplo en la de Madrid.    ¿A qué se debe el retraso en la actuación por parte del gobierno de la ciudad? ¿Por qué al consejero de Hacienda le tiembla el pulso para cumplir lo que establece la ley según de quien de trate? Este proceder por parte del gobierno de la ciudad no contribuye en absoluto a la imagen de transparencia tan cacareada que se pretende dar por el ejecutivo local, si no que lejos de ello, se contribuye a aumentar las sombras, las dudas y atribución de presuntas arbitrariedades ejercidas por el ejecutivo local según de quien se trate. No es de recibo y deja mucho que desear que el consejero de Hacienda, seis meses después, y teniendo informes al respecto, aún no haya resuelto nada al respecto por lo que le instamos a hacerlo a la mayor brevedad posible, aunque para ello tuviera que sacrificar sus vacaciones”.

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