El Gobierno local y Caballas terminaron enzarzados ayer a tenor de la polémica suscitada después de que la coalición acusara a la institución municipal de buscar un ‘pelotazo’ en los terrenos de la Ducar, ya que en su propuesta de PGOU se plantea una recalificación de estos terrenos.
Esa parcela está calificada como de uso industrial, de escaso valor, pero el paso que pretende darse elevará sustancialmente el valor de dichos terrenos al pasar a ser considerados de uso residencial y comercial. La coalición hace saltar las alarmas al señalar que el popular Arias Cañete tiene participación en las instalaciones de San Amaro.
“El plan consiste en ceder a Ducar una parte de la ampliación del puerto para instalar allí sus depósitos y una vez liberado el solar ya recalificado, especular con él para la obtención de pingües beneficios”, critica Caballas. “Es difícil calcular con exactitud el valor del ‘pelotazo’. Algunos expertos que hemos consultado estiman que el beneficio neto podría rondar los 20 millones de euros”, añaden.
Poco ha tardado la Ciudad en remitir un comunicado oficial con el que han desmentido no solo la información de Caballas sino que, además, han mostrado públicamente la “maniobra torticera” y la “falta de concimiento” de los localistas.
Dice la Ciudad que el documento del PGOU, que ha sido actualizado por última vez este mismo mes, “contempla que la actividad industrial salga en la medida de lo posible del área urbana. Este criterio, que viene avalado por el sentido común ante el riesgo potencial que supone este tipo de instalaciones además de la normativa, afecta a las instalaciones de Ducar, pero también a otras como las de Cepsa”, explica.
“La aplicación de este criterio, planteado por el equipo redactor de la empresa Prointec, supone en la práctica obligar a las compañías afectadas a trasladarse a una nueva ubicación y costearse esta operación. Y la intención es que estas empresas se instalen en la zona de la ampliación del puerto, que está destinada específicamente a este tipo de usos y que está fuera del área urbana”, añade. Es, siguiendo este objetivo, cómo se habría perfilado el cambio de uso de los terrenos.
“Las zonas que dejarán libres estas empresas pasarían a tener un uso propio del entorno en el que se encuentran, es decir, residencial y comercial. El dinero obtenido por esta nueva calificación urbanística serviría para financiar las nuevas instalaciones que deberán construirse. Y todo ello quedaría plasmado en un convenio, que es una fórmula que prevé la propia legislación”, puntualiza la institución, que no entiende a qué obedece la crítica radical efectuada por la coalición al respecto, tras llegar a calificar de “pelotazo” este asunto.
“Este convenio no puede permitir, por cuestiones legales, que las empresas obtengan beneficio alguno, de modo que los ingresos que se deriven deben ser destinados íntegramente a financiar las nuevas instalaciones y, en su caso, acompañados de aprovechamientos públicos que equilibren la balanza. Así, es absolutamente falso que las compañías vayan a obtener la más mínima rentabilidad económica en la operación”.
El Gobierno ha lamentado “la maniobra torticera que está haciendo Caballas para tratar de desacreditar la indiscutible necesidad de contar con un nuevo planeamiento urbanístico” y la achaca a “un profundo desconocimiento de la normativa urbanística o un absoluto desprecio a la verdad y un afán por mentir con el objetivo de sacar rédito político”.
