El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) publicó este martes el anuncio de licitación del proyecto de demolición de una obra ilegal en calle Velarde.
Carolina Pérez, viceconsejera de la Consejería de Fomento, confirmó que se trata de la construcción de un ático que atenta contra la seguridad del edificio porque daña la estructura además de incumplir la normativa.
El presupuesto base de licitación asciende a 64.792,02 euros, un importe significativo que refleja la envergadura de este recrecimiento de un piso en esta céntrica vía. ¿Por qué la administración autonómica corre con estos gastos? Pérez recordó que la Ciudad asume esta demolición de manera subsidiaria aunque será el infractor quien, en última instancia, haré frente al coste de la actuación. “Damos la opción a los propietarios de que la ejecuten ellos porque será más caro si lo hace la Ciudad”, indicó la la viceconsejera de Fomento.
El expediente sobre este ático de calle Velarde se lleva arrastrando desde el año 2009, apuntó Pérez. Estos procedimientos se alargan durante años ya que la burocracia, las alegaciones y otros factores demoran años la resolución del conflicto. Cuando la denuncia se formaliza, la Consejería inicia la identificación del responsable de las obras y el titular de la vivienda para, a continuación, solicitar la correspondiente nota simple en el Registro de la Propiedad y pasa al juzgado. El expediente finaliza cuando hay una sentencia firme que, en el caso que sale a concurso, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Desde 2012, Fomento contabilizó alrededor de cinco derribos de áticos aunque, como indicó Pérez, al menos dos fueron sufragados por sus dueños y en otros fue la Ciudad la que actuó de oficio. Esta práctica, que suele darse con mayor incidencia en el centro de la ciudad, también ha llegado a otras barriadas. En estos momentos, la Consejería competente en esta materia espera la resolución de otro caso en manos de los tribunales, también el centro.
Pese a la repercusión pública que pueden tener estas obras irregulares en áticos, Pérez aclaró que el grueso de los expedientes trata sobre viviendas irregulares que se extienden por toda la ciudad aunque, sobre todo, están localizadas en zonas de la periferia como El Príncipe o el Recinto, entre otras. Pérez explicó que el equipo de disciplina urbanística detecta a diario entre dos y tres construcciones sospechosas de ser ilegales, aunque como admitió la viceconsejera de Fomento, cuando la edificación ya está terminada resulta “más difícil actuar”.
Por otra parte, los infractores tendrá que responder ante las sanciones impuestas por este incumplimiento de la normativa urbanística y cuya cuantía oscila entre el uno y el cinco por ciento del valor construido si es legalizable o entre el 10 y el 20 por ciento en el supuesto de que la regularización no sea factible. A este respecto, Pérez avanzó que se estudia endurecer el régimen de sanciones con el objetivo de disuadir de futuras vulneraciones.
