En la celebración del 170 Aniversario de la fundación de la Guardia Civil, el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, admitía que, hasta que los sindicatos pusieron las cifras sobre la mesa, desconocía que el número de funcionarios sancionados o susceptibles de serlo en el futuro por incumplimientos en la tributación es tan “espectacular”.
Una incidencia que, según la plataforma sindical que defiende a los afectados –SIPE, CSI.F, USO y Acaip–, puede ser de un tercio de la plantilla en la Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, colectivos más proclives por la organización de las jornadas por turnos. González indicó que la Agencia Tributaria (AEAT) ejercerá la función que tiene encomendada por la ley: aquellas personas que puedan disfrutar de esas bonificaciones fiscales lo seguirán haciendo y quienes “voluntariamente” decidan no tener los 183 días de estancia en Ceuta no obtendrán esa bonificación fiscal.
Quien se encarga de estas inspecciones es Juan Bravo, delegado de la AEAT en Ceuta, que en declaraciones a los medios rechazó cualquier “interpretación laxa” de la norma a propósito de los requisitos para tributar un 50 por ciento menos en la declaración de la renta. “Yo no le pediría jamás a un guardia civil que no me multe si voy a 200 kilómetros por hora; nunca le diría a un policía que me coja con estupefacientes que no me detenga. O a un funcionario de prisiones que por yo tener un familiar en la cárcel le facilitase un teléfono móvil; o a una funcionaria de la Seguridad Social que no me cobre el Autónomo”, puso como ejemplos.
Las fuerzas políticas tampoco permanecen ajenas a la polémica en torno a la deducción por residencia. Si UPyD apoyó a los sindicatos en su lucha contra la normativa de los 183 días para desgravar, Caballas, a través del diputado Juan Luis Aróstegui, manifestó su preocupación. “Ceuta no puede ser, ni siquiera aparentar que es una ciudad de maleantes, golfos o de personas interesadas”, sentenció el localista. Esta medidas, pensadas y legisladas para combatir los fenómenos y los problemas de la insularidad, tienen que ser “derechos basados en la igualdad y no pueden convertirse en privilegios, porque un mal uso de cualquiera de estas medidas desdibuja su naturaleza”, explicó el localista.
Las autoridades, concluyó Aróstegui, tienen que perseguir a “rajatabla” todo el fraude y “perseguir” a las personas que están incumpliendo y “se aprovechan de la necesidad y los problemas locales para obtener una ventaja económica”. Sobre este cerco a los presuntos infractores, Juan Cubo, responsable de la Administración General del Estado dentro de la Federación de Servicios Públicos de UGT, se posicionó en contra de la “interpretación” de la norma efectuada por las autoridades.
El ugetista entiende que tiene fines “recaudatorios ” porque el Gobierno “necesita dinero, pero parece que solo tiene que salir del bolsillo de los funcionarios” como el “recorte” en la paga extraordinaria, la congelación de la Oferta de Empleo Público o la “privatización” de servicios. Cubo apostó por revisar la normativa para que se ajuste a la realidad del funcionariado en la ciudad.
El plus y la deducción por residencia, que buscan la autosuficiencia de la ciudad y el arraigo de los empleados públicos, conecta con otro elemento definitorio de la ciudad autónoma como es la subvención que desembolsa el Estado para el traslado a la península. Una bonificación que puede verse viciada por usos perversos que la AEAT y las fuerzas de seguridad investigan, lo cual no significa que se criminalice al colectivo. Se han detectado varios casos de funcionarios que trabajan de 8.00 a 15.00 en Ceuta y su horario les permite venir y regresar a la península a diario con el gasto que conlleva para las arcas públicas. Rotaciones a coste cero que determinados trabajadores aprovechan para viajar con una botella de alcohol o un cartón de tabaco y ganarse un sobresueldo beneficiándose de la residencia sin que sea efectiva, como han puesto de manifiesto las fuerzas de seguridad.
Otro elemento, fuera de la fiscalidad, atañe a la seguridad nacional, es decir, que si surge un problema de gravedad y los agentes se encuentran en la península, por ejemplo por un temporal, éstos efectivos no llegarían a tiempo, como ha sopesado la Administración.
Algunas posturas en torno a esta polémica
Juan Bravo - Delegado de la Agencia Tributaria
“No le pediría jamás a un guardia civil que no me multe si voy a 200 kilómetros por hora o que no me detenga si llevo estupefacientes”
Juan Luis Aróstegui - Diputado por Caballas
“Ceuta no puede, ni siquiera aparentar, que es una ciudad de maleantes, golfos o interesados. Hay que perseguir el fraude”
Juan Cubo - Responsable age de la Ugt
“El Gobierno necesita dinero pero parece que solo tiene que salir del bolsillo de los funcionarios, como con los recortes o la OPE”
