Cuando se apostaron, cerca del mediodía de ayer, ante la Delegación del Gobierno, a la anciana Malika Buselham; a sus hijos Mohsin, Munir, Nabila; y a sus tres nietos los viandantes los confundieron con inmigrantes sirios.
No ha sido el error más dramático de su vida. Hace casi 39 años, el 4 de julio de 1975, su familia, los descendientes de Tahar Benaisa Mohamed, nacido en Ceuta en 1926, de adulto soldado de Regulares como antes lo había sido su padre, fue recibida como refugiada en Dar Riffien, en Castillejos, al otro lado de la frontera.
Su expulsión, “destierro” según lo describen en la documentación aportada a la Delegación del Gobierno y a cuyo contenido ha tenido acceso también este periódico, fue un “desplazamiento forzado” que se produjo nada más acontecer el atentado que se cobró como víctima mortal el 27 de junio de 1975 a Fernando Fernández Moreno.
“Las autoridades”, recuerda Mohsin Tahar, que entonces tenía 9 meses de edad, “nos acusaron a los musulmanes de Ceuta, sin cometer ningún delito, sólo por motivo religioso, y algunas familias fuimos desalojadas por la fuerza de nuestras casas en la ciudad y desterradas a Marruecos en una clara violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que ‘nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. De lo que fue en la Agrupación Norte del Príncipe Alfonso la casa de Tahar Benaisa, número de afiliación 5.559 como soldado español de 1920 a 1950, no queda hoy nada más que el solar donde se ha habilitado una rotonda.
Lo que queda de la familia, documentalmente destartalada, con hijos y nietos que, aparentemente de forma aleatoria e incomprensible, tienen nacionalidad española o marroquí, por origen o por opción, reivindica la aplicación de “la Ley de la Memoria Histórica”.
Por este orden, una “reparación del daño causado por el desplazamiento forzado, por la pérdida de derechos, por la pérdida de nuestra vivienda, por la duración del destierro y por ponernos en riesgo como familia y como menores españoles de origen”.
“Todos somos víctimas de la época de Franco y todos coinciden en la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura”, reclaman los Tahar, que también reivindican el reconocimiento de la nacionalidad española tanto para el patriarca familiar, ya fallecido, como para Hanan, una de sus hijas, nacida en Ceuta en 1971 pero con pasaporte marroquí.
La familia exige también a las Administraciones Públicas españolas que “trabajen” pra “recuperar la niña robada a Nabila Tahar, dos años de edad en 1975, que en 1996 perdió a su primera hija a manos de “una familia donde trabajaba” y de cuya agresión asegura tener “pruebas”. De los tres vástagos que la acompañan en la Plaza de los Reyes, dos tienen la nacionalidad española, como su madre, y otra no. Se trata de Amal, cuya solicitud de españolidad por opción ha sido tramitada pero que se entiende que la merece “por origen”.
“Hemos padecido analfabetismo porque los tres niños más pequeños fuimos entregados por nuestros padres en centros de acogida por falta de recursos y hemos sufrido una deficiente atención sanitaria, por lo que casi todos sufrimos enfermedades físicas o psiquiátricas”, completa Mohsin Tahar.
Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraron ayer que se ha tomado nota del caso para la apertura de una investigación y un expediente sobre las historias, identidades y presuntos derechos vulnerados de la familia, víctima de un atentado supuestamente causado por ETA en la antigua Comandancia de Marina (llamadas señalaron al ‘Frente Patriótico de Liberación Marroquí’) y una presunta respuesta en forma de destierro sobre la que existe escasa luz histórica.
