Fiscalía y la letrada que le asistió en juicio secundan su reivindicación y el Abogado del Estado no
Un vecino de nuestra ciudad, que actualmente cumple condena en el Centro Penitenciario Los Rosales, se personó ayer en el Juzgado de lo Penal número Dos como demandante de una impugnación de Justicia Gratuita resuelta con carácter previo por el citado órgano.
Se trata de un caso poco común que deriva directamente de las nuevas normas puestas en marcha en materia de asistencia gratuita por el Ministerio de Justicia, a cuyo frente se sitúa Ruiz Gallardón. De hecho, durante la vista celebrada ayer se vio un episodio igualmente extraño: el Ministerio Fiscal, quien defiende los intereses del demandante, constituía la parte contraria a la Abogacía del Estado.
Todo ello es la consecuencia de unos hechos que consisten en lo siguiente, narrado de manera cronológica: el ayer demandante es condenado por la comisión de un delito, solicita ayuda mediante asistencia letrada gratuita y ésta es denegada al entender el Estado que sí tiene dinero basándose para afirmar tal sentencia en el hecho de que la declaración de la renta del año anterior al momento en que incurrió en el delito probó que contaba con sustento. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como la letrada que asistió al demandante tanto en comisaría como en el Palacio de Justicia y en la propia vista(abogada que no ha cobrado aún minuta alguna por la labor efectuada al no contar con dinero su cliente y al denegársele a éste la Justicia Gratuita) entienden que lo que hay que tener en cuenta es si en el momento en que incurrió en el delito, año 2013, el hombre tenía dinero, añadiendo que no, pues se quedó en paro.
