Susana Román reiteró ayer como consejera accidental de Economía y Hacienda del Ejecutivo local que el Gobierno ceutí ha dado un plazo de 20 días a la empresa ‘Atlas’, encargada de la venta de bombonas de butano en Ceuta, que acredite con números a través de su estructura de costes la necesidad de no derogar el Decreto que
, a finales del año pasado le permitió elevar algo más de dos euros el precio de ese producto, importe equivalente a la cuantía de la subvención genérica que la Ciudad mantenía hasta entonces, retirada sin marcha atrás.
Así lo hizo durante el debate de dos iniciativas de la coalición Caballas y del PSOE, la primera reclamando expresamente la derogación de la autorización de la subida de precios y la segunda reivindicando otro método para garantizar que ninguna familia con pocos recursos se quede sin suministros energéticos básicos.
Román dejó claro a la diputada localista Fatima Hamed que el Ejecutivo ceutí no recuperará la bonificación universal “porque cuando los recursos públicos son escasos es más necesario que nunca dedicarlos a quienes más los necesitan” pero se ofreció a tratar con los técnicos y la oposición, a la vista de las cuentas que presente ‘Atlas’, la revisión del importe de la autorización del incremento de tarifas de venta al público de la bombona.
La portavoz accidental de Caballas rechazó el ofrecimiento y se preguntó si lo más lógico no hubiese sido pedirle a la empresa esa justificación antes de subir los precios “hasta más de 3 euros por encima de lo que se paga en Melilla”.
Además, Hamed denunció que las deudas de la Ciudad con la compañía por esa bonificación (1,4 millones de euros acumulados desde 2010) parecen estar detrás del paso dado por el Ejecutivo para cancelar ese compromiso que mantenía desde 1997.
A los socialistas Román les aseguró que las consejerías de Asuntos Sociales y de Hacienda ya están reuniéndose con ‘Atlas’, la Empresa de Alumbrado y Acemsa para casar las bases de datos de cada departamento e identificar a las familias necesitadas para que a ninguna de ellas se les corta el abastecimiento de agua o luz “y para bonificar, en todo o en parte, el precio del butano”.
La consejera recordó, además, que en diciembre se aprobó a instancias de Caballas consignar 150.000 euros para “suplementar” los presupuestos del área que dirige Rabea Mohamed para la cobertura de ayudas sociales de este tipo.
