Policías nacionales, que cobran un complemento por la residencia que es “ridículo” porque gastan la “mayor parte en el barco cuando van a visitar a su familia y en mal comer en la ciudad”, trabajan en Ceuta “por necesidad, por 300 euros limpios para mantener a los suyos” en el Campo de Gibraltar, teniendo claro su “responsabilidad” ante necesidades del servicio o los temporales.
Ana Moya, portavoz del SIPE, esbozó ayer este retrato del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) al que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está abriendo expediente por “incumplimiento de tributación”. Este órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que el colectivo tiene que tributar en función de la fiscalidad peninsular y no de acuerdo con los beneficios derivados de las particularidades locales, que supone una bonificación del 50 por ciento.
Miguel Fernández, abogado de este sindicato, explicó que la cartera de Cristóbal Montoro reclama a unos 40 agentes de la Jefatura Superior de Ceuta unas cantidades que oscilan entre los 8.000 y 10.000 euros anuales porque la Administración entiende que, presuntamente, este colectivo incumple la acreditación de residencia efectiva de 183 días en la ciudad autónoma aunque están “empadronados en Ceuta y realizan su trabajo aquí”. Un seguimiento que puede afectar al 95 por ciento de la plantilla de esta fuerza de seguridad en Ceuta porque son de fuera, calculó la portavoz del SIPE.
El letrado que defiende los intereses de los policías aseguró que los agentes de la Jefatura Superior tienen turnos que suman 183 días como mínimo e indicó que hay casos concretos que certifican incluso más. “Hacienda está abriendo expedientes por una serie de cantidades porque entienden que no están en ese plazo y deben tributar como si estuvieran en la península”. Moya y Fernández llegan a la misma conclusión: “Es una mera cuestión recaudatoria”.
¿Qué va a provocar esta situación? Al tributar por una cantidad superior, a los agentes ya no les interesa permanecer en este destino. Moya insistió en que esta situación provoca “alarma entre los propios policías”, “jubilaciones anticipadas” y, especialmente, el “preocupante” ‘efecto huída’. “La ciudadanía, los poderes públicos y, sobre todo, Hacienda tiene que comprender que como estos policías pidan destino fuera, nos vamos a quedar con una plantilla mínima y ridícula porque policías caballas somos pocos”, advirtió la portavoz del SIPE.
De los 40 policías afectados en principio, 25 están afiliados al SIPE, por lo cual ayer celebraron un encuentro sobre fiscalidad en la sede de USO, sindicato que cedió sus instalaciones. No obstante, puntualizó Moya, esta lucha por sus derechos es extensible al conjunto de los compañeros.
Los efectivos que estaban ayer fuera de servicio manifestaron la “inseguridad jurídica” a la que se enfrentan porque presentaron sus declaraciones de la renta en la ciudad, trámites efectuados por funcionarios de la Delegación de Hacienda en Ceuta, pero que, pese a que entendieron que eran correctas, “a los tres meses han recibido la sanción”, lamentó Fernández. No obstante, añadió el letrado, la misma situación se dio con anterioridad pero finalmente no se ejecutó la resolución.
El SIPE solicita el apoyo de la Delegación del Gobierno y le transmitirá esta “problemática tan grave” porque el “efecto huída puede tener repercusión para la seguridad en Ceuta”. Asimismo, pedirán una reunión con el delegado de Hacienda en Ceuta. Fernández estudia los expedientes y, si es necesario, recurrirán al Tribunal Económico Administrativo o a donde sea necesario.
