La Policía Nacional ha actuado en las últimas semanas para intentar atajar un fenómeno que es un secreto a voces en Ceuta desde hace años: el empadronamiento de extranjeros, en su inmensa mayoría marroquíes, en domicilios de la ciudad que ejercen como tapaderas con el único objetivo de que sus falsos ocupantes, una vez inscritos,
puedan acceder a las ayudas o subvenciones que conceden las distintas Administraciones. La Jefatura Superior de Policía confirmó ayer que tiene en marcha desde hace tiempo un operativo, enmarcado en otro más amplio a nivel nacional, que persigue el fraude generado por el cobro de prestaciones de forma ilícita. Entre ellas, las sanitarias, quizás unas de las más golosas para los extranjeros que aparentan residir de forma legal en Ceuta o en cualquier otro punto del país.
Las indagaciones policiales han dado sus frutos. La Policía Nacional ha detectado a 108 marroquíes registrados en 36 domicilios diferentes de Ceuta que, en realidad, no vivían en ellos. La investigación se ha extendido a 59 viviendas particulares. En todos los casos la ilegalidad era idéntica: los agentes constataron que en esas direcciones estaban censados perceptores del subsidio por desempleo, de ayudas sanitarias o de otros ingresos que salían de las arcas del Estado a los que tenían derecho por no ser los legítimos inquilinos de los inmuebles. “El procedimiento que seguían los defraudadores consistía en empadronarse en una localidad cercana al país de su nacionalidad para exclusivamente cobrar estas prestaciones”, constataba ayer el Ministerio del Interior.
En el caso de Ceuta, en el 100 por cien de los casos destapados los vecinos descubiertos eran de nacionalidad marroquí. Se empadronaban en la ciudad, su localización ficticia, pero en la práctica residían justo al otro lado de la frontera. Y el fraude iba más allá de la percepción de prestaciones: también, al figurar como inquilinos de un domicilio ceutí, se beneficiaban incluso de las bonificaciones del transporte marítimo, con el consiguiente ahorro en los billetes de las navieras.
La Jefatura de la Policía Nacional ha informado ya de las ilegalidades detectadas al Negociado de Estadística de la Ciudad, que se encargará ahora de eliminar a los defraudadores del padrón municipal, y a la Dirección Provincial del Servicio de Empleo, que también deberá interrumpir los pagos a los defraudadores descubiertos. También se ha comunicado a la Oficina de Extranjeros que 28 ciudadanos no españoles con residencia temporal no viven donde figuran empadronados.
El Ministerio del Interior mantendrá abierta la investigación para estrechar aún más el cerco sobre una práctica ilegal que implica un gasto adicional a la Administración, obligada a desembolsar cantidades a ciudadanos que no tienen derecho a percibirlas.
Una batalla que ya libra desde hace años la Ciudad
El problema no es nuevo y de hecho la Ciudad lo combate desde hace tiempo. A finales del pasado año, la consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel, ya hizo balance de los datos generados por la lucha emprendida, al unísono, por la Delegación del Gobierno y la Ciudad para cerrar la puerta al empadronamiento masivo e irregular en Ceuta. Esa última estadística cifraba en casi mil los ciudadanos dados de baja en el padrón por irregularidades y calculaba que podrían sumarse otros 400 más, al ser los casos que estaban entonces bajo revisión. “Los que les den cobijo también serán denunciados", advirtió entonces la consejera, que coordina al grupo específico de la Policía Local encargado de las indagaciones.
do a cabo estas revisiones se ha topado con viviendas en las que estaban registradas hasta 25 personas, algo que demuestra que además de ser falso hay una connivencia del dueño y ocupante de la casa con extranjeros a los que les permite figurar como empadronados en su hogar sin ser cierto.
En un año (de octubre de 2012 a octubre de este año), la Ciudad ha dado de baja a 945 personas extranjeras, de las que 680 han sido detectadas en inspecciones aleatorias y 265 en los llamados pisos patera, es decir, viviendas que sirven para favorecer esas prácticas. En total han sido inspeccionadas hasta 71 viviendas y se tiene en cartera hacer inspecciones en otras 175 que se sospecha están sirviendo para el empadronamiento fraudulento. La Policía Local se guía por unos criterios básicos para definir lo que es piso patera, entendiendo que en las viviendas en donde hay registradas más de ocho pueden ser susceptibles de serlo.
