De las 190 peticiones tramitadas, varias están cerca de recibir el visto bueno que les permitará contratar el suministro de agua y luz.
La reforma del reglamento que regula la concesión de la cédula de habitabilidad, la cual llegó a enfrentar a ambas administraciones por el artículo que permite acceder a esta autorización a aquellas casas sin la preceptiva licencia pero que quieren contratar los servicios básicos, continúa sin una aplicación real en el caso de viviendas fuera de la ordenación urbanística. Cabe recordar que, para la formalización de, por ejemplo, un contrato de energía eléctrica con la Empresa de Alumbrado, es necesario aportar este documento que acredite la edificación reúne las condiciones para ser habitada.
La Consejería de Fomento comunicó que, hasta el momento, no ha concedido ninguna autorización aunque tramita, en la actualidad, alrededor de 190 solicitudes. De éstas, continuaron desde el área competente, algunas están muy cerca de recibir el permiso que facilita la contratación de suministros esenciales como el agua o la luz aunque, aclararon, no se trata de una cédula de habitabilidad propiamente dicha.
Su reconocimiento por parte de Vivienda exige el cumplimiento de dos requisitos. Por una parte, la aprobación mediante un informe elaborado por el arquitecto municipal, a través del cual este facultativo acredita que es posible proceder a un suministro determinado en función de, por ejemplo, su proximidad con la red de abastecimiento. Por otra parte, este departamento se encarga de esta conformidad urbanística a través de un segundo informe, en esta ocasión jurídico, por el cual se determina la viabilidad de la concesión de esta cédula de habitabilidad para casas ilegales.
Los plazos para otorgar este permiso varían en función de cada expediente, señaló la Ciudad, aunque para hacer un cálculo aproximado se puede tomar como referencia que esta medida excepcional, dentro de la ordenanza, entró en vigor en octubre de 2013.
Susana Román, titular de la cartera, explicó que no se trata de un “problema de voluntad política”, ya que con esta ordenanza la Ciudad Autónoma trata de dar respuesta a una “situación de necesidad social, creando un marco legal que haga viable atenderla” en aquellos casos que, puntualizó, “no concurren las circunstancias idóneas”.
Una “prueba más”, valoró la consejera de Fomento, de la “sensibilidad” del Gobierno, que tiene en la política social “uno de sus ejes, como queda demostrado en que tratamos de garantizar la cobertura de necesidades básicas con distintas partidas incluidas en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma”.
En cuanto a la vigencia de este documento similar a la cédula de habitabilidad, el Ejecutivo informó de que su validez se mantendrá mientras que concurran las mismas circunstancias por la que se concedió.
