El Bufete de Abogados Fernando Osuna señala que en Ceuta hay 15 afectados y denuncia que la Ley no es constitucional
Caer lesionado, padecer una dolencia física que lastre para toda la vida o sufrir una merma parcial o total de las facultades a consecuencia de un hecho acontecido en acto de servicio puede ser, por desgracia, un mal que compartan demasiados guardias civiles, policías y militares de ayer, de hoy y de mañana.
Para ellos, la mejor, es decir la más justa, de las pensiones, como defiende el Bufete de Abogados Fernando Osuna. Así, tal entidad se ha erigido en la defensa de lo que, entienden, es una causa que no se trata con justicia a día de hoy: la diferencia económica que existe entre la pensión de los efectivos que han sido heridos por una banda terrorista y de los que han caídos dañados por un agresor no perteneciente a ninguna organización criminal.
Desplazado hasta la ciudad, el letrado Fernando Osuna explicó en el Hotel Parador La Muralla su defensa mediante un ejemplo: "Si en un banco hay un atraco y el agente de la autoridad que está en ese momento velando por la seguridad pierde una pierna y se tiene que retirar por incapacidad, ese policía tiene un tope, un recorte en la pensión por acto de servicio mientras que si ese mismo hecho hubiera sido realizado por un grupo terrorista e igualmente pierde la pierna la misma persona y en idéntico lugar, en ese caso no tiene tope ni recorte en la pensión".
"Entendemos", consideró el letrado, "que esto va en contra de normas jurídicas, algunas internacionales y de la propia Constitución, de modo que reclamamos que ese tope y recorte desaparezca de las pensiones que cobran".
De tal manera, como señaló acto seguido el experto, quien calculó que en Ceuta "puede haber quince afectados ahora mismo", "se trata de dar apoyo toda vez que los participantes entienden que se han vulnerado sus derechos al limitarse el tope de sus pensiones". "El problema que plantean es exclusivamente referido a las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación", precisó Osuna. Asimismo, explicó que "consideran que son servidores del Estado que padecen una incapacitación acaecida en acto de servicio o como consecuencia del mismo". "Por la propia peculiaridad intrínseca de la profesión son más vulnerables a sufrir accidentes o atentados terroristas, y no es justo que sus derechos están siendo restringidos por los poderes públicos, dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares, con la única salvedad de que éstos fueron víctimas de atentados terroristas, existiendo entre sus agraviados, muchas otras víctimas, que sin ser tras atentado terrorista, presentan iguales o mayores daños o secuelas", concluyó el alma máter del Bufete de Abogados Fernando Osuna.
