La jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma, Antonia Palomo, asistirá mañana en Madrid a una reunión del Observatorio de la Infancia para seguir avanzando en la redacción de protocolos únicos en todo el país para la detección de víctimas de trata de seres humanos menores de edad. Hasta ahora la actuación de la Administración local que más ha llamado la atención en el combate contra posibles casos de esa naturaleza fue la petición de análisis de ADN, el pasado mes de diciembre, para certificar que la relación de diez niños sirios acogidos en el CETI con quienes decían ser sus progenitores era correcta.
Según fuentes del Área de Menores, hasta ahora sólo se ha recibido el resultado de uno de esos análisis, que ha confirmado la existencia del vínculo paterno-filial investigado. Los otros nueve casos bajo investigación no han recibido todavía respuesta científica.
La investigación se puso en marcha después de que la Defensora del Pueblo alertara sobre la utilización de menores por parte de adultos que, con niños, pretendían obtener un trato preferente en España.
El personal del Área de Menores de Ceuta realizó entrevistas individuales a los diez niños y tomó pruebas de ADN para comprobar el vínculo biológico con los diez adultos que decían ser sus padres pero que carecían de documentos para confirmar el vínculo de filiación, que en todos los casos accedieron voluntariamente a la realización de las pruebas.
La reunión de este lunes pretende cubrir uno de los déficits señalados por la Defensora del Pueblo en su informe ‘La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles’, la “falta de protocolos de actuación comunes entre las entidades autonómicas de protección de menores, en el marco de sus respectivas competencias, que permitan la eficaz detección de menores víctimas de trata en su territorio y el establecimiento de una red de recursos residenciales específicos que permitan los traslados dentro del territorio nacional, a fin de garantizar sus necesidades específicas de protección”.
La Policía Nacional dispone de un protocolo específico para atender a víctimas de trata de seres humanos que establece que a los menores en esa situación hay que prestarles inmediatamente “asistencia, apoyo y protección”. “Las medidas que se adopten estarán dirigidas a su seguridad, su recuperación física y psicosocial, su educación y a encontrar una solución duradera a su caso”, añade.
Estas medidas deberán estar basadas “en la condición de especial vulnerabilidad de la víctima de trata menor de edad y se emprenderán tras una evaluación individual de las circunstancias específicas de la víctima y teniendo en cuenta su opinión, sus necesidades e intereses”. Cuando se trate de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) se les deberá prestar “una atención especial, por ser particularmente vulnerable”.
