Concretamente, en un informe técnico a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico se alerta de que, a juicio del funcionario que lo firma, “falta acreditar suficientemente el precio del contrato a tenor de lo que dispone el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.
Dicha norma establece que la retribución a un contratista consistirá en un precio cierto que debe fijarse “atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados”.
El Ejecutivo local asegura que el presupuesto para el proyecto que pretende convertir de forma permanente hasta 2017 en ‘Casa Bertuchi’ el espacio expositivo del Conjunto Monumental es “equivalente” a lo que ha venido costando hasta ahora la organización de muestras temporales.
La diputada de Caballas en la Asamblea, Fatima Hamed, considera, sin embargo, que Deu debe “replantearse” la conveniencia de seguir adelante con la idea y “recapacitar sobre si la ciudad no tiene en estos momentos de crisis económica otras prioridades”.
La solicitud de la política localista no atiendo sólo a lo reparos técnicos a la cuantificación del precio del contrato con los herederos del artista granadino que vivió en la calle Real de Ceuta desde 1918 hasta 1928.
“El Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del arrendamiento de la obra de Bertuchi”, explicó ayer Hamed en declaraciones a El Faro, “establece que la Administración local también deberá hacerse cargo, al margen de las cantidades publicitadas, de los gastos de transporte de los bienes a exponer desde Málaga hasta la ciudad autónoma y de los costes que genere la suscripción de una póliza de seguro que, en la modalidad de ‘clavo a clavo’, cubra el transporte y la exhibición de los mismos”.
Igualmente, la Ciudad Autónoma quedará comprometida, según Hamed, a “mantener la colección de acuerdo con las condiciones de temperatura, humedad e iluminación que la obra requiera, así como a dotarla de las medidas de seguridad necesarias en previsión de cualquier tipo de vandalismo, robo o hurto”. También tendrá que editar un catálogo “con un máximo de 250 páginas”.
Desde el punto de vista de Caballas “esta no debe ser una prioridad en una ciudad con cerca de 14.000 parados, miles de familias sobreviviendo por debajo del umbral de la pobreza y una Administración que no es capaz ni de evitar que los usuarios de Servicios Sociales hagan cola de madrugada para ser atendidos”.
La Consejería de Cultura pretende hacerse con “parte de la colección de Mariano Bertuchi propiedad de su herederos”, consistente en “mobiliario original, documentos, útiles personales del autor y obra pictórica y gráfica” con el fin de atraer visitantes a la ciudad autónoma. El contrato tendría, en principio, cuatro años y cinco meses de duración y la familia se compromete a “diseñar” el espacio expositivo que se le asigne en el Revellín de San Ignacio.
Contratación debe “cuidar” del precio del mercado
La legislación vigente establece que los órganos de Contratación del sector público tienen la misión de “cuidar” de que el precio de un contrato “sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados”.
