Solamente 9 de los 45 ciudadanos sirios que han conseguido entrar en Ceuta huyendo de su país han solicitado asilo al llegar a la ciudad autónoma. Siete de ellos ya han renunciado a su petición de protección.
Los otros dos aún no han pasado la primera entrevista como paso previo al envío de su expediente a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior. Atendiendo a los precedentes, es probable que ni siquiera se presenten. Según letrados colaboradores de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), las peticiones de asilo en Ceuta, como en Melilla, se han “desplomado” desde que, en 2009, cambió la legislación y la interpretación que las autoridades hacen de ella.
A los solicitantes de protección internacional ya no se les permite cruzar el Estrecho cuando su reclamación ha sido admitida a trámite si cuentan con un domicilio fijo conocido, como antes, sino que se bloquea su traslado hasta que el expediente ha concluido.
En tiempo ello supone que la permanencia de un inmigrante solicitante de asilo en Ceuta “multiplica por cuatro y hasta por seis la del indocumentado que no formula esa petición”. Así, mientras que los primeros se ven obligados a quedarse en la ciudad autónoma “como mínimo un año”, los otros logran llegar a la Península “en un plazo de aproximadamente tres meses de media”.
La consecuencia directa de esta política es que “actualmente casi los únicos inmigrantes que piden asilo son los ciudadanos argelinos, que de esta forma intentan ganar tiempo para evitar su devolución mientras buscan alguna forma de cruzar el Estrecho”. “Prácticamente ningún subsahariano recurre a este derecho y los sirios que lo hacen renuncian o acaban no presentándose a la entrevista”, han resumido estas mismas fuentes en declaraciones a este periódico.
CEAR considera “enormemente preocupante el papel otorgado a las ciudades de Ceuta y Melilla como grandes centros de retención de las personas refugiadas” porque “los solicitantes de asilo se ven sujetos a medidas de excepción como es la prohibición de la libertad de circulación, en lo que representa un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España”. Entre 2011 y 2012, los últimos ejercicios con datos cerrados, las solicitudes de asilo en Ceuta pasaron de 505 a 184, un 63% menos.
“Restricción de derechos fundamentales”
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta dictó en octubre la última sentencia conocida reconociendo el derecho de los solicitantes de asilo (en su caso a un nacional de Mali) a circular libremente por todo el territorio español y advirtiendo a la Administración de que “no es posible realizar interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales”. La negativa a acceder a la Península desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para los solicitantes de asilo está, a juicio de CEAR, causando “un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España”.
