Lo ha repetido hasta la saciedad el propio presidente de la Ciudad desde el martes, el día en el que el proceso de reestructuración de las sociedades públicas empresariales quedó definitivamente aparcado: los puestos de trabajo en esos entes no están en peligro.
De hecho, el argumento de evitar que los empleos perdieran un mínimo de estabilidad fue una de las motivaciones, si no la principal, que acabó determinando la marcha atrás emprendida por el Ejecutivo que lidera Juan Vivas.
En la línea marcada por quien dirige la institución se situó ayer también su número dos, la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, esta vez desde el puesto de portavoz accidental que ostentaba tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A preguntas de los periodistas sobre la posible “inquietud” en la que podrían estar sumidas las plantillas de las sociedades públicas municipales, ratificó, tajante, que “todos los trabajadores de todas las empresas municipales pueden estar tranquilos porque vamos a mantener todos los puestos de trabajo”. Sin admitir resquicio alguno a la duda, Bel recurrió también a los argumentos de la “prudencia” y la “responsabilidad”, como han hecho a lo largo de la semana todos sus compañeros de Gobierno, para cerrar un proyecto que, se intuye, de seguir adelante habría encallado en un auténtico laberinto legal que podía haber durado años. Algo que, a juicio de la consejera de Presidencia, habría hecho peligrar y “arriesgado” el “objetivo primordial” con el que precisamente se diseñó: la protección y la salvaguarda de todos y cada unos de los empleos estructurales de las sociedades municipales.
“Los motivos por los que se inició primero el proceso de reforma y por los que finalmente va a ser revocado, según se ha acordado con los representantes de los trabajadores, han quedado explicados y no creo que se esté dando un paso adelante y otro atrás, porque siempre se camina hacia delante. Siempre buscamos la decisión más adecuada, en un primer momento y después, y siempre de acuerdo a las indicaciones de los técnicos”, resaltó Bel, convencida de que el proyecto contaba con todas las bendiciones de los asesores jurídicos de la Ciudad, los mismos que posteriormente percibirían que los recursos presentados por varios funcionarios estaban fin fundamentados y se corría el riesgo de que el litigio legal desembocase en un contencioso que dejase en el alambre los empleos y la propia prestación de servicios públicos al ciudadano.
Desde su posición de portavoz del Ejecutivo, Bel recordó también que, pese a tener en consideración la opinión de todos los agentes implicados en el funcionamiento de las sociedades municipales, desde los presidentes de los consejos de administración hasta los gerentes o el grueso de los empleados, “más importante aún” fue la reunión que Juan Vivas mantuvo con los representantes sindicales poco después de tomar la decisión de paralizar la reestructuración. “Fue el propio presidente de la Ciudad quien salió a aclarar todo para tranquilidad de los trabajadores”, subrayó, recordando además que el jefe del Ejecutivo recibió, en su postura, el respaldo inmediato de los sindicatos porque no merecía la pena arriesgar abriendo la puerta al contencioso.
En su argumentación, Bel contrapuso la férrea defensa del empleo que a su juicio ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo con la oleada de recortes y despidos en el sector público que han aplicado otras administraciones amparándose en el argumento del azote de la recesión y la escasez de recursos presupuestarios. “A diferencia de otras Administraciones, nadie nos puede decir que ésta haya puesto a alguien en la calle”, sentenció la consejera de Presidencia y Gobernación, quien insistió en que la Administración local, pese a los retrocesos presupuestarios, en línea con el resto del país, “ha sido capaz de mantener las plantillas en la peor crisis que hemos conocido”.
“Garantizamos el puesto de trabajo de todos los empleados y en todas las sociedades públicas, sin excepción”, reiteró antes de confirmar que, en apenas unos días, las sociedades públicas que habían sido liquidadas volverán al momento anterior al de la aprobación de la reestructuración.
Cierre de filas del Gobierno con su presidente
No hay fisuras en el Gobierno y la posición del presidente es la que secundan todos su consejeros. Ésa fue la respuesta que aportó la consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel, cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se le preguntó sobre si la decisión de paralizar la reestructuración del sector público empresarial había recibido un respaldo unánime en el seno del Ejecutivo. “Acabo de salir de la reunión del Consejo de Gobierno y lo que les estoy transmitiendo es la posición unánime de todos los que lo integramos”, sentenció Bel para cerrar cualquier atisbo de polémica.
