El Pleno de la Asamblea se reunirá “el lunes o el martes” de la próxima semana para, en Sesión extraordinaria, proceder a la “suspensión” de los Acuerdos Plenarios que materializaron la reestructuración del sector público empresarial de la Ciudad Autónoma que ahora ha sido suspendido y suprimido para no
poner en riesgo los 700 puestos de trabajo a los que afectaba más directamente la integración de sociedades municipales en organismos autónomos bajo la denominación de Servicios Regionales. La Administración local trazará de esta forma un ‘cortafuegos’ para evitar que la tramitación de los pasos burocráticos a dar sea más complicada, aunque ningún trabajador se quedará “ni un minuto” sin cobertura laboral, según dejó claro el martes Juan Vivas.
Inmediatamente después de “suspender” los Acuerdos Plenarios, la Ciudad Autónoma devolverá su actividad a las mercantiles que fueron disueltas pero no liquidadas (todas salvo Acemsa y Puerta de África).
En paralelo discurrirá el plazo de información pública abierto ayer con la publicación de un Decreto en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) sobre los recursos de reposición formulados a mediados y a finales de diciembre por cuatro funcionarios (Josefina Álvarez, Josefa González, Federico Cuenca y Javier Muñoz). La intención del Ejecutivo local, una vez cerrada la decisión de anular y retrotraer la reforma del sector empresarial, es aceptar por la vía del silencio administrativo y sin respuesta los recursos.
Presumiblemente durante la primera semana de febrero, quizá coincidiendo con la Sesión Plenaria Ordinaria correspondiente al mes de enero, que se celebrará el día 6, la Corporación municipal deberá revocar de forma definitiva los Acuerdos relativos a la creación de los Servicios Regionales de Emergencias; Turismo y Deporte; Tributos, Economía y Finanzas; Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda; y Medio Ambiente y Equipamiento Urbano, cuya vida no habrá alcanzado finalmente ni siquiera un mes.
Diez días para alegar a los recursos
El presidente de la Ciudad publicó ayer en una edición extraordinaria del BOCCE un Decreto para dar a los interesados un plazo de diez días para alegar “cuanto estimen procedente en defensa de sus
intereses legítimos” en relación con los recursos de reposición formulados por cuatro funcionarios los días 19 y 31 de diciembre contra la reestructuración del sector público periférico local acordada en el Pleno en septiembre, primero, y en diciembre, después, con las condiciones y características del proceso de integración, en los ámbitos patrimoniales y de personal de las sociedades en los organismos autónomos.
