Por prudencia y responsabilidad. Sobre esos dos argumentos cimentó el Gobierno de la Ciudad su decisión, este martes, de dar marcha atrás y dejar en suspenso el proyecto que debía reestructurar el organigrama de las sociedades públicas empresariales bajo su paraguas administrativo. En los días siguientes, la crítica –constructiva o no, dependiendo del flanco de la oposición del que proviniese– ha sido contrarrestada desde el Ejecutivo con una doble justificación: una férrea negativa a dejar sobre el alambre ni uno solo de los 700 empleos que se calcula que se verían afectados por los obstáculos encontrados en el camino y evitar el riesgo, real según las advertencias de los servicios jurídicos, de que los recursos presentados a título personal por varios funcionarios de la institución prosperasen en los tribunales y abriesen, de par en par, un litigio judicial que podría prolongarse durante años.
Desestimado el plan previsto y asumida la porción de equívoco que a cada cual le corresponda –el propio Juan Vivas ha reconocido esta semana el derecho a errar aunque se actúe con la mejor de las voluntades–, la obligada actitud es cerrar el capítulo y pasar página. Eso fue al menos lo que anunció ayer el propio presidente de la Ciudad en una entrevista concedida a Cope Ceuta y El Faro. Se vuelve al punto de partida, pero el contratiempo se pretende aprovechar para abrir un proceso de debate interno en el seno de la Administración local que sirva para tomar impulso y dar un salto hacia adelante. El objetivo ahora, confirmó el jefe del Ejecutivo local, ya no es sólo garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y el equilibrio económico y patrimonial de las sociedades públicas, sino diseñar un programa que permita evaluar, con criterios objetivos, cómo extraer el mayor rendimiento posible a esos entes con la vista puesta en potenciar su eficacia y racionalizar sus recursos. Un proceso que tiene su meta final en que el ciudadano, que es en definitiva quien sostiene el aparato administrativo con sus impuestos, reciba unos servicios de más calidad y acordes a los nuevos tiempos que corren.
Para ese viraje, Vivas ha diseñado un plan que ayer definió como “gestión por objetivos”. La estrategia no es otra que marcar a principios de cada año los logros perseguidos para, doce meses después, con la entrada del nuevo ejercicio, poner sobre la mesa los resultados y valorar si realmente se han alcanzado. Eso, considera el presidente de la Ciudad, haría ganar en eficacia, en transparencia y en control de los recursos, incluido el rediseño de los efectivos humanos.
Sea cual sea el resultado, el Gobierno local ha optado por sacudirse la acusación de parálisis que desprende a diario la bancada socialista y pasar a la acción. No habrá reestructuración, pero sí un replanteamiento interno de funciones, de sinergias, de vínculos entre las distintas sociedades que puedan explotarse en beneficio de la gestión diaria y del ciudadano, que es sin duda el perceptor final del beneficio que genera ese entramado administrativo que a diario pone en marcha la Ciudad. Y eso, en tiempos de crisis, de recortes de prestaciones y de dudas sobre todo lo que incorpore el apellido público, merece ser valorado. La excusa más recurrente en estos tiempos para taponar ineficacias consiste en argumentar que la crisis no permite reponer empleos, y que por ello la gestión se resiente. En Ceuta, que también sufre esa prohibición legal de cubrir vacantes, los servicios se siguen manteniendo e incluso se estudia cómo rentabilizar el resultado del trabajo diario de las sociedades públicas que lo gestionan.
Garantizado el empleo y abierto el debate sobre la racionalización de los recursos, el Gobierno busca también certificar el equilibrio financiero y el saneamiento de los entes de su competencia. Salvo en el caso de la sociedad Puerta de África, ninguno de ellos arrojaba números rojos en el último balance, fruto, sin duda, de la política de contención del gasto que ha articulado el Gobierno local en los últimos ejercicios.
Con el ecuador de la legislatura cruzado, el Ejecutivo de Vivas ha colocado, en el capítulo de las sociedades públicas, el listón alto. Del éxito de ese nuevo paquete de medidas se desprenderá el beneficio que, en mayor o menor grado, reciba el conjunto de la sociedad. Pese a las críticas, el Gobierno se niega a cruzarse de brazos.
