Las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSI.F en la Ciudad Autónoma han acordado pedir por escrito al Ejecutivo local que facilite a la parte social la relación “integra” de todos los trabajadores procedentes de sociedades municipales que, con fecha 1 de enero, se han integrado en los nuevos Organismos Autónomos con la denominación de Servicios Regionales.
Según ha explicado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de los ugetistas, la más representativa en el Ayuntamiento, Juan Carlos Pérez, las centrales quieren conocer “los nombres, antigüedad laboral, categorías, titulaciones y vías de entrada en el sector empresarial de la Ciudad” de todos los afectados para asegurarse de que no se cuela ningún “intruso”.
“Vamos”, ha asegurado, “a ser inflexibles”.
Dos son hasta ahora los casos que más suspicacias han levantado en el ámbito sindical. Uno, el de la actual secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, que aparece en la relación de personal procedente de PROCESA en una situación (‘suspensión de contrato’) como la que se atribuye al actualmente asesor del delegado del Gobierno, José Ramón Olmedo.
Otro es el de un trabajador que, tras solicitar la baja en una sociedad pública, sigue en nómina de la Administración local “sin que nadie pueda dar más datos sobre su situación”.
El Gobierno de Juan Vivas ha querido dejar claro desde el principio que la reforma del sector periférico de la Ciudad “no tiene la intención de convertir en funcionarios de la administración general de la Ciudad a los empleados de las sociedades mercantiles que se integran en los organismos autónomos”.
El proceso, recurrido por la vía administrativa por al menos cuatro funcionarios ya, pretende mantener “dos vías paralelas”: la Administración General y la institucional, “garantizando el principio que sólo los funcionarios de la primera podrán pasar voluntariamente de una a otra, pero no así los empleados públicos de la administración institucional”.
